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Argentina sale de la lista de vigilancia prioritaria de Estados Unidos
Estados Unidos excluyó a la Argentina de la Priority Watch List de su informe sobre propiedad intelectual y la ubicó en una categoría menos crítica.
POR REDACCIÓN
Estados Unidos retiró a la Argentina de la denominada “lista negra” de países con observaciones más severas en materia de propiedad intelectual, al excluirla de la Priority Watch List y ubicarla en la Watch List dentro de su informe anual.
La decisión marca el primer cambio de categoría en más de una década, período en el que el país permaneció bajo observación prioritaria por deficiencias en la protección de derechos de autor, patentes y combate a la piratería.
El anuncio se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), suscripto en febrero de 2026 entre ambos países, que incluyó compromisos de Argentina para fortalecer su sistema de propiedad intelectual.
Según el informe de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, el acuerdo busca mejorar la protección de innovadores y creadores, además de reforzar los mecanismos de control y sanción frente a la falsificación y el uso no autorizado de contenidos.
Entre las medidas destacadas se incluyen modificaciones en el régimen de patentes, mayor control en fronteras, creación de organismos de coordinación y fortalecimiento de sanciones penales, con multas y penas de prisión para casos de falsificación vinculados a redes organizadas.
El texto también detalla compromisos operativos como el aumento de controles en mercados físicos, la publicación de estadísticas trimestrales sobre propiedad intelectual y la persecución de sitios web dedicados a la piratería comercial.
En paralelo, se incorporaron cambios en normativa vinculada a patentes farmacéuticas, tras la derogación de restricciones previas que limitaban su otorgamiento, quedando la evaluación a cargo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Pese al cambio de categoría, el informe estadounidense mantiene observaciones sobre la aplicación de la normativa vigente, especialmente en mercados informales y en entornos digitales, donde señala persistencia de casos de piratería y falsificación.
El documento también menciona operativos realizados en distintos puntos del país y recomienda continuar con medidas de control, sanción y cooperación entre organismos públicos y privados para el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual.