El escenario medioambiental en Argentina en su peor momento

A través de una nueva publicación del Informe Ambiental FARN (IAF), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales analizó los principales puntos de la agenda ambiental, abordando la actualidad política y normativa, la ejecución presupuestaria de partidas clave para la protección del ambiente y la promoción de las energías renovables, las actividades extractivas y sus impactos en el territorio, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático, entre otros temas.

El informe, de acceso libre y gratuito, se publicará el jueves 4 de junio, en la antesala de un nuevo Día Mundial del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio.

Regresión normativa 

El gobierno de la Libertad Avanza adscribió al negacionismo climático y al desconocimiento del impacto de la actividad humana en el ambiente. Esta postura, asegura el informe, desconoce los acuerdos científicos que durante décadas han producido el Panel Intergubernamental del Cambio Climático y la información brindada por distintos estudios independientes a nivel internacional.

Bajo esta perspectiva, el Gobierno promovió la derogación o modificación de normas y la disolución o eliminación de entes y fondos destinados al cuidado del ambiente. Luego de la desjerarquización institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, transformado en 2023 en una subsecretaría, la gestión nacional eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y traspasó el Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad, entre otras medidas.

Sin embargo, el informe puntualiza en la modificación de la Ley de Glaciares como un eje clave para comprender los objetivos del Gobierno en materia ambiental. La reforma, impulsada por el Gobierno nacional y aprobada por el Congreso nacional el pasado 8 de abril, elimina el piso mínimo de protección de los glaciares y geoformas periglaciares, limitada ahora al cumplimiento de una función hídrica relevante, y otorga a las provincias la facultad de determinar qué glaciares proteger y cuáles no.

“Esta reforma sobre una ley clave para la protección del ambiente ejemplifica el desmantelamiento de la gestión ambiental en el ámbito nacional. Este desmantelamiento cuenta con dos ejes: la desaparición del rol de la autoridad ambiental nacional y la transferencia de facultades a las provincias, desplazando responsabilidades que, por mandato constitucional, corresponden al Estado nacional”, indicó Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Recortes de hasta un 95%

De acuerdo al IAF 2026, las partidas presupuestarias socioambientales —Subsecretaría de Ambiente, el manejo del fuego, la Administración de Parques Nacionales, el Fondo de Bosques, el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, entre otros— presentaron recortes de entre un 67% y un 95% en términos reales con respecto al 2023.

“Esto consolida una regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas de protección ambiental”, aseguró Marchegiani.

Este achicamiento presupuestario también alcanza a la promoción de energías renovables y la eficiencia energética: entre 2024 y 2025, estas partidas cayeron un 66,4% y un 64%, respectivamente, en términos reales.

Pérdida de biodiversidad 

Otro punto abordado en el informe es la reducción de áreas naturales en el país y el impacto creciente del cambio climático en el territorio.

De acuerdo a datos oficiales, entre 2022 y 2024 la Argentina registró una pérdida significativa de bosque nativo: 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 hectáreas en 2023 y 165.061 hectáreas en 2024. Además de los desmontes, los incendios constituyen uno de los principales factores de degradación de ecosistemas, abarcando también a humedales y pastizales, y explican el 13% de la pérdida total de bosques registrada.

Los incendios forestales en Córdoba durante el 2025 y en la Patagonia en 2026, donde más de 45 mil hectáreas se vieron afectadas, alertan sobre la gravedad creciente de los impactos del cambio climático. Las condiciones meteorológicas cada vez más extremas y frecuentes, que propician sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos locales, son un caldo de cultivo para la propagación del fuego.

Con respecto a las sequías, el IAF 2026 destaca que, luego de la sequía histórica del 2023, con fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola, la situación se repitió a comienzos del 2026: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía, con provincias como Córdoba, La Pampa, San Luis y Santa Fe registrando niveles de afectación superiores al 80%. De acuerdo a datos oficiales, cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación.

La reforma de normas claves, el abandono del rol del Estado nacional como autoridad ambiental, los recortes presupuestarios en áreas de prevención y protección, la pérdida de biodiversidad y los sucesivos impactos del cambio climático son tan solo algunos de los puntos que conforman el estado del ambiente en la Argentina actual.