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Ley Joaquín: el proyecto que cambia reglas para víctimas de delitos cometidos por menores
El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para crear un régimen de protección de víctimas de delitos, especialmente en casos cometidos por menores inimputables.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto de ley denominado “Ley Joaquín”, que busca fortalecer los derechos de las víctimas dentro del sistema judicial, especialmente en casos donde los delitos fueron cometidos por menores de edad. La iniciativa crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y apunta a mejorar el acompañamiento y la participación de quienes atraviesan procesos penales.
El proyecto toma su nombre en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años asesinado en 2023 por un compañero de escuela en la ciudad cordobesa de Laboulaye, un caso que conmocionó al país y reabrió el debate sobre el rol de las víctimas en la Justicia cuando los responsables son menores inimputables.
Entre los cambios centrales que propone la ley se encuentra la posibilidad de que las víctimas o sus familias puedan constituirse como querellantes incluso cuando el delito haya sido cometido por menores de edad. Además, se refuerza la obligación de que la Justicia informe a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos durante el proceso.
El régimen también establece un conjunto de derechos básicos que deberán garantizarse desde el primer contacto con el sistema judicial. Entre ellos se incluyen el trato digno, la protección de la privacidad, el acceso a información clara sobre el proceso penal y la posibilidad de contar con patrocinio jurídico, incluso gratuito cuando sea necesario.
La iniciativa prevé además asistencia médica, psicológica y social para las víctimas, medidas de protección urgentes frente a situaciones de riesgo o intimidación y mecanismos para la reparación integral del daño, ya sea por vía penal o civil.
El proyecto también contempla reformas al Código Procesal Penal provincial para evitar la revictimización y garantizar que los derechos establecidos puedan aplicarse de manera efectiva. Entre otras medidas, propone que las víctimas sean informadas y escuchadas en decisiones judiciales relevantes, como acuerdos abreviados o beneficios para los acusados.
Finalmente, la propuesta incluye la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos, que funcionará en el ámbito de la Legislatura y tendrá como objetivo analizar políticas públicas, elaborar diagnósticos y mejorar las herramientas de asistencia para quienes sufren delitos.