Qué propone la ley de propiedad privada que debate el Senado

El Senado de la Nación avanza con el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca reforzar la seguridad jurídica y modificar el régimen vigente sobre tierras, desalojos y expropiaciones.

El debate se desarrolla en comisiones y el oficialismo apunta a obtener dictamen en los próximos días. La propuesta fue defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la reforma apunta a consolidar reglas claras y fortalecer el derecho de propiedad en el país.

Entre los principales cambios, el proyecto propone limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes, exigir condiciones más estrictas para justificar la “utilidad pública” y garantizar el pago total de indemnizaciones antes de transferir la propiedad. Además, incorpora compensaciones más amplias para los propietarios afectados. 

La iniciativa también introduce modificaciones en los procesos de desalojo, con mecanismos más rápidos y menos requisitos, y elimina algunas restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Asimismo, plantea cambios en la regulación del uso del suelo y en leyes vinculadas a incendios y territorios. 

Otro de los puntos clave es la reforma del régimen de barrios populares. El proyecto busca reducir la intervención del Estado nacional y otorgar mayor protagonismo a provincias y municipios en los procesos de regularización dominial, dejando de lado esquemas basados en expropiaciones generalizadas. 

Sin embargo, la iniciativa genera fuerte controversia. Organizaciones sociales y ONG advirtieron que podría dejar a millones de personas en situación de vulnerabilidad, al eliminar la suspensión de desalojos y modificar herramientas de acceso a la vivienda para familias que viven en barrios populares. 

En ese sentido, sectores críticos señalan que la reforma implicaría un retroceso en políticas de integración socio-urbana y podría afectar a más de cinco millones de personas en todo el país, especialmente en contextos de alta precariedad habitacional. 

De esta manera, el proyecto se posiciona como uno de los debates legislativos más relevantes del año, al poner en discusión el equilibrio entre la protección de la propiedad privada y el rol del Estado en garantizar el acceso a la tierra y la vivienda.