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UPCN: oposición va a la Justicia tras impugnación
Finalizó el plazo de apelación de la lista opositora que encabeza Alejandro Savoca y, ante la falta de respuesta, presentarán un amparo. El oficialismo los denunció en la justicia ordinaria por presunta falsificación de firmas.
Por Marcos Ponce
La interna en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional San Juan sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. A las 00 horas del 4 de marzo venció el plazo que tenía la Junta Electoral para responder la apelación presentada por la Lista Naranja, pero la resolución nunca fue notificada. Frente a ese escenario, el espacio opositor confirmó que avanzará con un recurso de amparo en la Justicia provincial.
Desde sus canales oficiales, Alejandro Savoca —quien encabeza la nómina junto a Carlos Quinteros— anunció que solicitarán que se declare inválido todo el proceso electoral convocado para el próximo 9 de abril. La presentación será patrocinada por el abogado Marcelo Arancibia y buscará frenar el cronograma hasta que se garantice, según sostienen, “transparencia y reglas claras”.
En un comunicado difundido tras el vencimiento del plazo, la Lista Naranja señaló: “Ante la falta de respuestas de la Junta Electoral, hemos decidido recurrir a la Justicia para garantizar transparencia, representatividad y reglas claras en el proceso electoral de UPCN. Cuando se intenta cerrar la participación o poner obstáculos a quienes quieren competir, lo que está en juego no es una lista: está en juego la democracia sindical”.
El conflicto se originó luego de que la Junta Electoral impugnara la nómina opositora tras dar de baja alrededor de 700 avales por supuestas irregularidades. Esa decisión dejó al actual secretario general, José Villa, en una posición expectante de cara a los comicios.
Desde el oficialismo no solo defendieron la actuación de la Junta, sino que redoblaron la apuesta en el plano judicial. Villa confirmó que radicaron una denuncia en la justicia ordinaria por la presunta comisión de delitos vinculados a falsificación de firmas y suplantación de identidad en los avales presentados por la lista opositora.
Así, la disputa sindical se trasladó de lleno a los tribunales. Mientras la oposición reclama la nulidad del proceso y cuestiona la imparcialidad de la Junta Electoral, el oficialismo sostiene que actuó conforme al estatuto y que las irregularidades detectadas obligaban a la impugnación.
Con la fecha del 9 de abril cada vez más cerca, el escenario es incierto. Si la Justicia hace lugar al amparo, el calendario electoral podría quedar suspendido o reconfigurado. Si lo rechaza, la actual conducción quedaría con el camino despejado hacia una nueva reelección.