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El Gobierno apelará la orden judicial para activar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Ejecutivo cuestionó la resolución del juez Adrián González Charvay, que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo clave del DNU 681/2025.
POR REDACCIÓN
El Gobierno confirmó que presentará una apelación ante la Cámara Federal de San Martín para revertir el fallo del Juzgado Federal de Campana, que obligó a poner en funcionamiento la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025. La decisión fue firmada por el juez Adrián González Charvay, quien declaró inválida la medida presidencial que había frenado la aplicación de la norma.
Desde la Casa Rosada sostienen que la resolución constituye una “invasión” en las atribuciones del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto y garantizar el orden fiscal. Argumentan que la ley no cuenta con partidas específicas y que aplicarla sin financiamiento definido podría comprometer otros programas prioritarios.
El fallo judicial respondió a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, junto a organizaciones del sector, que denunciaron que la suspensión de la ley deja sin protección a miles de beneficiarios y agrava la crisis en el sistema de prestaciones.
En su sentencia, el magistrado afirmó que el artículo 2 del DNU era “inválido en todos sus aspectos” por contradecir la Constitución, al pretender suspender una ley ya aprobada por insistencia del Congreso. También remarcó que el Ejecutivo contaba con herramientas para reasignar partidas, recordando que desde diciembre de 2023 la Jefatura de Gabinete realizó al menos 19 modificaciones presupuestarias.
El Gobierno rechaza esa lectura y advierte que reasignar fondos sin respaldo legislativo pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Además, la Casa Rosada mantiene un historial de tensiones con González Charvay, luego de que en agosto el juez también declarara inválido el decreto que frenó el aumento de fondos para las prestaciones que administra la ANDIS.
Mientras se redacta la apelación, en Balcarce 50 evalúan los escenarios judiciales que se abrirán si la Cámara confirma el fallo. Fuentes oficiales admiten que, de ser necesario, llevarán el caso a la Corte Suprema.