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La Justicia avanza contra el gobierno de Jujuy por el borrado de un sitio de memoria
La Fiscalía Federal de Jujuy dio curso a una denuncia penal contra integrantes del gobierno provincial. Se los acusa de incumplir políticas de preservación al avanzar con obras edilicias sobre sectores protegidos por ley.
POR REDACCIÓN
“Pasarle la topadora por encima a la memoria no puede ser gratuito”, sentenciaron desde los organismos de Derechos Humanos de Jujuy tras conocerse el requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Federico Zurueta.
El funcionario judicial solicitó formalmente la apertura de una causa penal para determinar la responsabilidad de diversos integrantes del gobierno provincial en la destrucción de áreas críticas de la ex Central de Policía, sitio identificado como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar.
La medida, inédita por su alcance contra funcionarios públicos por el incumplimiento de las leyes de memoria, se fundamenta en pruebas recolectadas tras años de denuncias impulsadas por sobrevivientes y familiares. Según el dictamen fiscal, existen elementos suficientes para investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Contra la memoria
El epicentro del conflicto se remonta a 2021, cuando el Ejecutivo provincial, bajo la gestión de Gerardo Morales, inició un ambicioso proyecto de remodelación del Cabildo Histórico con fines turísticos. Sin embargo, las obras avanzaron sobre sectores protegidos por la Ley Nacional 26.691 de Sitios de Memoria, que desde 2016 contaba con la adhesión de la provincia.
El predio, conocido históricamente como el “Comando Radioeléctrico”, había sido señalado formalmente por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria en 2019, tras un relevamiento que identificó seis sectores innegociables por su valor testimonial como lugares de cautiverio. Pese a las advertencias y a una instancia de diálogo iniciada con los organismos, las máquinas continuaron su trabajo.
“Nos juntábamos a hablar y, al día siguiente, le pasaban la máquina al lugar. Se la pasaron hasta que liquidaron el sitio”, relató Eva Arroyo, integrante de H.I.J.O.S. Jujuy, quien subrayó que esta acción constituye un acto de negacionismo al borrar los escenarios físicos de los crímenes de Lesa Humanidad.
Desobediencia judicial y destrucción
El dictamen fiscal expone una cadena de irregularidades agravadas. A pesar de que el Juzgado Federal N° 2, entonces a cargo de Eduardo Hansen, emitió resoluciones en enero y marzo de 2022 que exigían explícitamente preservar los sectores de interés, el Gobierno provincial ignoró los límites.
Las inspecciones posteriores realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la propia Justicia corroboraron lo peor: la realización de excavaciones de hasta 10 metros de profundidad eliminó por completo los cimientos, pisos y paredes que servían como prueba judicial y patrimonio histórico.
En este marco, la fiscalía remarcó que la Dirección Nacional de Sitios de Memoria nunca fue notificada de las modificaciones, contraviniendo el decreto reglamentario de la ley vigente.
Ahora, la causa ingresa en una etapa determinante: el Juzgado Federal deberá profundizar la investigación sobre los funcionarios señalados en la denuncia —entre ellos, la exsecretaria de DD.HH. local Marcela Infante; el director de Arquitectura, Horacio Calsina; y el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic—, con el fin de establecer las responsabilidades penales frente a un hecho que, para las organizaciones locales, representa una afrenta directa a la historia reciente del país.