Azucena Díaz, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo. Su lucha por los derechos humanos y la búsqueda de su hijo desaparecido durante la dictadura la convirtieron en un símbolo de resistencia y dignidad.

La Unión Europea evalúa aplicar medidas parciales al Acuerdo de Asociación con Israel debido a incumplimientos en derechos humanos relacionados con el conflicto en Gaza, con una posible decisión en julio.

Más de 20 obispos de América Latina y el Caribe presentaron un documento pastoral que fija una posición clara frente al avance de la minería extractivista.

El gobierno venezolano trató de frenar una declaración de Argentina en Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas diplomáticas chavistas impidieron que la denuncia se hiciera pública, generando un fuerte rechazo internacional.

Activistas y organizaciones presentarán una nota formal al gobernador Marcelo Orrego pidiendo el fin del convenio con Mekorot la compañía israelí, acusada de "apartheid del agua" en Palestina. La acción se enmarca en una campaña federal simultánea en 8 provincias argentinas.

Este martes 10 de junio, la Asamblea Agüita Pura para San Juan convoca a la comunidad a firmar una nota que se presentará en ocho provincias. Exigen la finalización de los acuerdos con Mekorot, empresa denunciada por prácticas de apartheid y apropiación del agua en Palestina.

El Gobierno nacional anunció una fuerte reestructuración en organismos culturales e históricos, eliminó puestos y redujo presupuestos para "mejorar la eficiencia del Estado".

El diputado libertario afirmó que "todavía hay curros con los derechos humanos" y sugirió que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia no debería ser un día no laborable. Sus declaraciones generaron rechazo en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.

El Consejo de Participación Indígena (CPI) manifestó su enérgico rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/24, aprobado por el gobierno nacional. La medida, que habilita el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios, fue calificada como inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales.