Judiciales > Nuevo revés
Rechazaron la denuncia de ex presidentes de OSSE contra la jueza del caso Acueducto Gran Tulum
El fiscal Adolfo Díaz descartó que existiera prevaricato por parte de la jueza Mónica Lucero y rechazó la denuncia impulsada por la defensa de dos ex presidentes de OSSE.
La estrategia judicial de la defensa de los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, sumó este viernes un nuevo revés en la investigación por las presuntas irregularidades del Acueducto Gran Tulum. El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz, rechazó la denuncia penal por presunto prevaricato que el abogado Naser Usair había presentado contra la jueza de Garantías Mónica Lucero, al considerar que no existían elementos para sostener la comisión de un delito.
La presentación de Usair surgió luego de la audiencia en la que la magistrada concedió una prórroga extraordinaria de 90 días hábiles para que la Fiscalía continúe con la investigación preliminar de la causa. Durante ese acto procesal, el abogado intentó intervenir en representación de Ruiz y Sirerol, aunque la jueza resolvió impedir su participación al entender que ambos todavía no revisten la calidad de imputados y, por lo tanto, no son parte del proceso.
A raíz de esa decisión, el defensor denunció a Lucero por el supuesto delito de prevaricato, al sostener que había favorecido indebidamente al Ministerio Público Fiscal. Paralelamente, también promovió la recusación de todos los fiscales de la UFI de Delitos Especiales para que no intervinieran en el tratamiento de esa denuncia.
Sin embargo, ese planteo también fue rechazado y el fiscal Adolfo Díaz quedó habilitado para analizar la presentación. Tras estudiar las actuaciones, concluyó que "no se puede deducir siquiera la apariencia de un hecho ilícito que amerite una investigación penal", por lo que resolvió desestimar la denuncia y archivar las actuaciones. Además, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no puede revisar el contenido de las resoluciones adoptadas por un juez, sino únicamente investigar si existen conductas que configuren delitos.
Pese a esta decisión, la defensa todavía conserva la posibilidad de impugnar la resolución mediante los recursos previstos en el Código Procesal Penal.
La investigación principal continúa avanzando en la UFI de Delitos Especiales y busca determinar si existieron maniobras irregulares durante la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes impulsadas durante la gestión provincial anterior. El expediente se originó a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar presuntos delitos contra la administración pública vinculados al proceso licitatorio, la adquisición de cañerías y el manejo de fondos destinados a la obra. Entre las hipótesis bajo análisis figuran posibles negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y otros delitos. Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación y aún no hay personas formalmente imputadas.