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Branka Motors: cómo funciona el esquema Ponzi que estafó a 348 personas con motos que nunca llegaron
La fiscalía reconstruyó ante un juez la mecánica del fraude: vendían motos por debajo del costo, usaban técnicas de marketing y coaching para captar clientes, y pagaban a los primeros compradores con el dinero de los nuevos.
POR REDACCIÓN
No había negocio real. Esa es la tesis central que el fiscal Guillermo Heredia expuso este martes en la audiencia de formalización contra los tres imputados por la causa Branka Motors: lo que parecía una agencia de motos era, según la acusación, una fachada diseñada para captar dinero de personas de escasos recursos y luego desaparecer con él.
El mecanismo tiene nombre propio en el derecho penal: esquema Ponzi. Es una de las formas de fraude más antiguas y reconocibles. Funciona así: los primeros clientes reciben lo que se les prometió —en este caso, motocicletas o devoluciones de dinero—, pero no porque la empresa sea viable, sino porque ese pago se financia con el dinero de los nuevos compradores. Mientras el flujo de nuevos clientes no se corte, la rueda gira. Cuando se corta, colapsa.
La diferencia con el esquema clásico
En los fraudes Ponzi tradicionales se promete rentabilidad financiera: "Invertí y te devuelvo el doble". En Branka Motors, según la fiscalía, la promesa fue distinta pero igualmente ficticia: la entrega de una moto a precio conveniente, incluso por debajo del valor de mercado. Eso era el anzuelo.
Los proveedores que declararon en la causa aportaron un dato revelador: la firma compraba rodados a 1.300.000 pesos y los ofrecía al público a 1.200.000. Vender por debajo del costo de adquisición no es una estrategia comercial, es una señal de alarma. Para Heredia, ese dato demuestra que "no tenían una intención de negocio serio" y que la operatoria era "una aventura planificada para captar el dinero de los damnificados".
A quiénes apuntaron
La elección del público no fue casual. Según la fiscalía, las víctimas "en su gran mayoría se trata de personas de escasa formación académica con poca experiencia en el manejo de dinero" y con bajo poder adquisitivo. Gente que difícilmente compra una moto en efectivo en una concesionaria formal, pero que puede reunir una seña o un pago anticipado atraída por una oferta que parece única.
Para llegar a ese público, los imputados desplegaron una campaña activa: publicidad en Facebook, Instagram y WhatsApp, flyers, cartelería, eventos de captación, premios, vouchers para clientes y vendedores. También —y esto aparece en la acusación como un elemento "determinante"— aplicaron técnicas de coaching sobre sus empleados para direccionar mejor las ventas.
Las primeras entregas, parte del engaño
Uno de los aspectos más sofisticados del esquema, según la fiscalía, es que algunas motos sí fueron entregadas y algunos clientes sí recuperaron su dinero. Pero eso no probaría la buena fe del negocio sino exactamente lo contrario: esas entregas y reintegros eran, en la lectura del fiscal, parte de la maquinaria del fraude. "Los reintegros a algunos clientes correspondían a una contención del daño, las entregas no fueron por voluntad comercial, sino que eran parte de la maniobra delictiva", sostuvo Heredia.
Dicho de otro modo: cumplir con los primeros clientes era el combustible para atraer a los siguientes. Sin esa credibilidad inicial, el esquema no arranca.
La salida del esquema
Todo esquema Ponzi tiene un punto de quiebre: cuando ya no hay suficientes nuevos clientes para pagar a los anteriores. La pregunta en estos casos no es si colapsa, sino cuándo y cómo planea salir quien lo montó.
Según la acusación, los imputados habrían comenzado a preparar esa salida con la apertura de un nuevo comercio llamado Emebe. Para la fiscalía, ese movimiento no fue una diversificación empresarial sino el intento de abandonar Branka Motors una vez que los fondos captados fueran suficientes.
Lo que dicen los acusados
Los tres imputados, que permanecen en prisión preventiva, presentaron una defensa opuesta a la tesis fiscal. Sostuvieron que asumieron costos altos para construir una cartera de clientes y que toda la operatoria respondía a una estrategia de posicionamiento en el mercado. En otras palabras: no fue una estafa, fue un emprendimiento que salió mal.
Esa es la discusión que deberá resolver la Justicia. Por ahora, la fiscalía encuadra los hechos en 348 casos de defraudación por engaño en concurso real —lo que en la práctica significa 348 delitos independientes— con un perjuicio económico estimado en 509.543.000 pesos.