El futuro de Manuel Adorni se define en 15 días y se espera su declaración jurada

El futuro judicial y político del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría definirse en los próximos quince días. El funcionario se encuentra en el ojo de la tormenta por dos investigaciones paralelas que avanzan con nuevas pruebas y movimientos clave en los tribunales.

Por un lado, el juez Ariel Lijo evalúa llamar a Adorni a declaración indagatoria en el corto plazo por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El caso se originó a raíz de un viaje del funcionario a Punta del Este en un jet privado, cuyo costo habría sido cubierto por un amigo, Marcelo Grandio, y por una productora vinculada a este último que, a su vez, fue beneficiada con contratos de la TV Pública. El magistrado se encuentra a la espera del entrecruzamiento de llamadas entre Adorni, Grandio y un directivo de la empresa involucrada.

Paralelamente, la causa por enriquecimiento ilícito sigue sumando elementos comprometedores. En este expediente, se investiga la remodelación de la vivienda de Adorni en el country Indio Cua, una obra que, según testigos, habría tenido un costo de aproximadamente 245 mil dólares, pagados en efectivo y no declarados en su patrimonio.

Nuevas pruebas: el celular que “quema”

Una de las piezas clave en la investigación es el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista elegido por Adorni para realizar las obras en su casa. La Justicia inició la extracción de su contenido la semana pasada, y fuentes judiciales afirman que de allí surgirán chats, fotos y, sobre todo, audios que involucrarían directamente al jefe de Gabinete.

Se espera que el material no solo acredite la modalidad de pago en dólares en efectivo a distintos proveedores (albañiles, pintores, carpinteros), sino que también revelaría presuntos intentos de Adorni por direccionar el testimonio de su contratista.

El intento de influir en un testigo

Según la reconstrucción a la que accedió este medio, días antes de que Tabar declarara ante la fiscalía, Adorni intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. En una de las conversaciones, el funcionario le habría dicho: “Te va a estar llamando mi equipo técnico para ayudarte”.

La respuesta de Tabar fue contundente: “Manu, consulté con quien nos asesora. Te pido que nadie de tu equipo me vuelva a llamar. Yo voy a declarar la verdad”. Ante la insistencia de Adorni, el contratista volvió a rechazar la ayuda, escribiendo: “Manu, por favor, que no me llamen. Me están comiendo el coco”.

Posteriormente, Adorni envió un audio mediante el sistema de auto-borrado de WhatsApp, advirtiendo sobre la “alta volatilidad” del tema y asegurando que quienes lo contactarían lo harían “desde teléfonos que nadie tiene”. Tabar no respondió y el funcionario envió dos audios más que eliminó antes de que fueran escuchados. El propio Tabar entregó su celular a la Justicia, y su pericia podría ser determinante.

La demorada declaración jurada

En medio de la creciente presión judicial y política, se espera que Adorni intente retomar la iniciativa presentando en el corto plazo su declaración jurada de bienes. Según fuentes judiciales, esto podría ocurrir el viernes 29 de mayo o el lunes 1 de junio.

Sin embargo, la demora en este acto de transparencia ya generó fisuras en el oficialismo. La senadora Patricia Bullrich rompió el silencio y pidió públicamente la presentación de la DDJJ. A ella se sumaron los legisladores Francisco Paoltroni y Luis Juez, este último con un mensaje contundente: “Mi límite es la corrupción”. El propio presidente Javier Milei había asegurado hace semanas que la presentación era “inminente”, algo que hasta el momento no ocurrió.

Blindaje y custodia oficial

Pese a las dificultades, Adorni se muestra firme en su entorno privado. En chats de vecinos de Indio Cua, se quejó y pidió represalias contra quienes se fotografiaban frente a su casa. Tras una protesta de militantes en la puerta del country el 31 de marzo, el jefe de Gabinete ordenó el envío de una patrulla de Gendarmería, que hoy custodia de forma permanente el acceso al barrio cerrado, el cual ya cuenta con su propia seguridad.

Con una posible indagatoria a la vuelta de la esquina y nuevas pruebas que siguen apareciendo, los próximos 15 días serán cruciales para definir el futuro de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.