Secretario riojano tras el freno a Vicuña: “No puede haber actividad sin estudio ambiental”

La suspensión del proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo con definiciones políticas desde La Rioja. En diálogo con el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, defendió el fallo judicial de la que paraliza la actividad de la mina y fijó la postura de su provincia con una frase contundente: “Somos exigentes y pedimos que se respete nuestra soberanía y nuestra autonomía provincial”.

La medida, dictada por la Justicia riojana, ordena la suspensión total del proyecto por 30 días, en tanto la empresa no presente el estudio de impacto ambiental en territorio de esa provincia. Según explicó el funcionario, el alcance es más amplio de lo que inicialmente se interpretó. “Durante 30 días en el emprendimiento no puede haber actividad”, precisó, dejando en claro que la restricción no se limita solo al uso del camino de acceso.

Alcance de la medida y freno total

De acuerdo a lo planteado por Azulay, la resolución judicial abarca cualquier tarea vinculada al desarrollo del proyecto, desde la circulación hasta las acciones de explotación. “Cualquier actividad que pueda generar impacto queda comprendida dentro de la medida”, señaló.

En ese marco, también quedó interrumpido el tránsito por el camino que conecta con el proyecto, un trazado de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa territorio riojano, incluyendo sectores de la reserva natural Laguna Brava.

La decisión se sustenta en la falta de presentación del estudio de impacto ambiental ante la autoridad competente de La Rioja, un punto que el funcionario remarcó como central en el conflicto. “Hasta el día de hoy no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental en la provincia por el emprendimiento”, afirmó.

Impacto interprovincial y criterio ambiental

El eje del planteo riojano se basa en que los efectos del proyecto no se limitan a una sola jurisdicción. “El ambiente no responde a límites políticos”, sostuvo Azulay, al explicar por qué consideran indispensable que la evaluación ambiental también se realice en su territorio.

Para graficar esa idea, utilizó una comparación concreta: “Es como tirar una piedra en un tanque de agua. Las ondas se expanden en todas las direcciones”. En esa línea, indicó que el proyecto tendrá impacto sobre cuencas, glaciares, fauna y flora tanto del lado sanjuanino como del riojano.

Bajo ese enfoque, defendió la intervención judicial como una acción preventiva. “Es una garantía para nuestros ciudadanos el derecho a un ambiente sano y equilibrado”, explicó, en referencia al marco legal vigente.

La llave para destrabar todo

Pese al freno impuesto, el funcionario dejó abierta la posibilidad de una resolución rápida si la empresa cumple con el requerimiento. “Si la empresa presenta el estudio de impacto ambiental, la suspensión se levanta inmediatamente”, indicó.

En ese punto, consideró que un proyecto de esta magnitud ya debería contar con una evaluación integral de sus impactos. “El estudio es uno solo y debe contemplar los efectos en todas las direcciones”, planteó.

Más allá del aspecto técnico, Azulay reconoció que el conflicto también refleja una instancia de diálogo que no prosperó. Según explicó, desde La Rioja se realizaron presentaciones formales tanto a la empresa como a las autoridades sanjuaninas para que se avanzara con la evaluación ambiental en su territorio.

“Creo que se subestimaron esas instancias de diálogo y eso nos trajo hasta esta situación”, sostuvo. No obstante, evitó escalar el conflicto y remarcó la voluntad de encontrar una salida conjunta. “Nadie busca perjudicar ni a la empresa ni a San Juan”, aseguró.

Sin embargo, volvió a marcar el límite político de su provincia. “Somos respetuosos del desarrollo minero y de la inversión privada, pero también somos exigentes de que se respete en la misma medida a nuestra provincia”, insistió.

Sin participación riojana en el proyecto

Consultado sobre la participación de La Rioja en el desarrollo de Vicuña, el funcionario dejó en evidencia otro punto de tensión: la falta de integración económica del proyecto con su territorio.

“Si ni siquiera han presentado el estudio ambiental, imagínese si van a contratar proveedores o mano de obra de la provincia”, afirmó.

El escenario abre ahora un compás de espera de hasta 30 días, con una definición clave en juego: la presentación del estudio de impacto ambiental en La Rioja. Hasta entonces, el proyecto Vicuña permanecerá paralizado, en medio de un conflicto que combina ambiente, jurisdicción y política minera en la región.

Dato

Fue a partir de una presentación realizada por la Fiscalía de Estado de la provincia mediante una medida autosatisfactiva ante la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chilecito. Este tribunal tiene competencia territorial en todo el oeste riojano, especialmente en la zona del Bermejo, área limítrofe con la provincia de San Juan donde se emplaza el proyecto Vicuña.