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50 años del golpe de Estado: se aplicó inteligencia a todos y lo llamó lucha antisubversiva
Se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina. En San Juan, el Departamento de Informaciones de la Policía monitoreaba partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles y empleados públicos. No solo a militantes: a cualquiera.
Medio siglo después del golpe del 24 de marzo de 1976, los archivos hablan con una claridad que durante décadas se intentó silenciar. Lo que quedó registrado en miles de fojas del Departamento de Informaciones de la Policía de San Juan —el D2— no es el relato de una guerra entre dos bandos iguales. Es el mapa de un Estado que convirtió la vigilancia social en método de exterminio.
A 50 años, el debate sobre aquel período sigue abierto. La llamada "teoría de los dos demonios" —que equipara en responsabilidad a las organizaciones armadas con las fuerzas del Estado— gana terreno en el discurso público. Pero los documentos, los juicios y los testimonios de quienes vivieron aquellos años cuentan otra historia.
El clima previo: violencia política real, respuesta desproporcionada
Para entender el 24 de marzo de 1976, hay que mirar los años que lo precedieron. La Argentina de la primera mitad de la década del '70 era un país en ebullición. Organizaciones armadas como Montoneros —surgida en 1970 del ala radicalizada del peronismo, con influencia en la juventud universitaria y sindical de todo el país— y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) —brazo militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de raíz marxista— protagonizaron atentados, secuestros y acciones armadas que generaron conmoción social.
Este proceso fue impulsado en parte por las grandes operaciones armadas de Montoneros y el ERP, y se completó cuando el Poder Ejecutivo nacional autorizó, mediante decretos de febrero y octubre de 1975, a las Fuerzas Armadas a liderar la seguridad interna con el fin de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos".
Sin embargo, la presencia de estas organizaciones en San Juan era acotada. Según testimonios recogidos en investigaciones periodísticas previas, la militancia armada en la provincia se reducía a células pequeñas, mayoritariamente vinculadas a la Juventud Peronista y al peronismo revolucionario. Lo que los archivos del D2 demuestran es que esa acotada presencia fue utilizada como excusa para montar un aparato de control que abarcó a toda la sociedad sanjuanina.
Espionaje total, no selectivo
El Departamento de Informaciones Policiales —D2— era la segunda división de la Plana Mayor de la Policía de San Juan en esa época, una estructura que calcaba la organización militar. Su función nominal era la inteligencia policial. Su función real, documentada en sus propios archivos internos a los que accedió DIARIO HUARPE, era mucho más amplia.
Los hechos ventilados en los juicios de lesa humanidad en San Juan se centraron en la ejecución del terrorismo de Estado en la provincia, que conformaba el Área Militar 332, con jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), dependiente del III Cuerpo del Ejército. Bajo el control operacional del RIM 22 funcionaron centros clandestinos de detención: la Penitenciaría de Chimbas, la alcaidía de mujeres de la policía provincial, el edificio de la antigua Legislatura, la Central de Policía, "La Marquesita" y el propio RIM 22.
En junio de 2022, la fiscalía a cargo del entonces fiscal general de Mendoza, Dante Vega, y los fiscales Francisco Maldonado y Katia Troncoso presentó un requerimiento de 552 páginas que puso por primera vez al D2 en el centro de la investigación penal. El documento reveló algo que los archivos ya sugerían: la policía sanjuanina no fue un actor secundario de la represión, sino uno de sus instrumentos fundamentales.
El propio jefe del D2, José Hilarión Rodríguez, lo escribió en un informe interno marcado como "estrictamente confidencial y secreto", enviado a sus superiores en febrero de 1977 para dar cuenta del trabajo realizado durante el primer año de la dictadura. La tarea, explicó, había estado centrada en "detectar los elementos disociadores que figuraban en los planteles de la Administración Pública Provincial". Para eso, indicó el informe, "se trató de llevar al día la explotación de prensa, fichero y archivos" y "ejercer el control sobre políticos, gremialistas y especialmente sobre los subversivos".
La frase que cierra ese párrafo resume la lógica del sistema: la eliminación de "todos aquellos que por su actividad podían poner en peligro la seguridad de la Provincia, y por ende, de la Nación".
"Cuando revisás el archivo, encontrás un enorme proceso de seguimiento social"
Gabriel Farías es miembro de HIJOS, organismo nacional de derechos humanos que agrupa a hijos de desaparecidos, asesinados y presos políticos de la última dictadura. Trabajó en el Archivo de la Memoria de San Juan desde sus primeros días de funcionamiento. Su testimonio, recogido por este medio, es uno de los más precisos sobre qué contienen esas cajas.
"Cuando revisás el archivo lo que te encontrás es un enorme, enorme proceso de seguimiento social", explica Farías. "Por ejemplo, cuando alguien llevaba un currículum para trabajar, lo primero que se hacía era la investigación de la filiación política. De acuerdo a esa filiación política era si iba a acceder a los trabajos o no."
El archivo no registraba solo a militantes. Registraba a cualquier persona con alguna visibilidad pública. "Vas a encontrar toda esa información de los movimientos estudiantiles, secundarios, universitarios, sociales, partidos políticos: no solamente el peronismo, sino el bloquismo, el radicalismo, el comunismo, absolutamente todo. Era una permanente vigilancia social general."
Esto es lo que los documentos confirman. En el requerimiento fiscal, los representantes del Ministerio Público citan una resolución interna del D2 que ordenaba que "todas las dependencias de la repartición sin excepción que intervengan en detenciones o procedimientos de corte político, gremial, estudiantil, o que hagan a la seguridad pública, de inmediato y por la vía más rápida deberán comunicar la novedad en forma amplia al Departamento de Informaciones Policiales". No se acotaba a subversivos: la orden alcanzaba a "huelgas, asambleas, reuniones, picnics, bailes, campamentos que respondan a los lineamientos descriptos".
Antes del golpe: el D2 ya operaba fuera de la ley
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fiscal fue demostrar que la actividad ilegal del D2 no comenzó el 24 de marzo de 1976. Comenzó antes.
Con el análisis de causas iniciadas en 1975 bajo la ley 20.840, conocida como "antisubversiva", los fiscales concluyeron que "antes del golpe militar, la información y la inteligencia practicadas sobre toda la población, con la excusa del combate a la subversión, estuvieron fundamentalmente en manos de la policía local, concretamente del D2". Y que esa inteligencia "significó la obtención de datos bajo tortura, o mediante interrogatorios ilegales, los que conducían a su vez a nuevas violaciones de domicilio sin orden judicial y a nuevos secuestros".
La complicidad del Poder Judicial era, según la fiscalía, un elemento constitutivo del sistema. Las víctimas que llegaban ante los jueces federales lo hacían en condiciones visibles de tortura. Los allanamientos se realizaban sin orden judicial, o con "órdenes automáticamente extendidas por los jueces federales de turno". Los sumarios empezaron a firmarse sin sellos ni identificación de los policías intervinientes.
José Hilarión Rodriguez, el jefe del D2, era al mismo tiempo delegado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la provincia. La estructura de poder estaba integrada desde arriba.
Los "enfrentamientos" que no fueron: el caso Guilbert
El cruce entre los archivos internos del D2 y los testimonios de sobrevivientes y exrepresores revela otro elemento central del método: la fabricación de enfrentamientos para ocultar ejecuciones.
El caso de Roberto Guilbert, militante de la Juventud Peronista, es paradigmático. Según la versión oficial de 1976, Guilbert murió en un enfrentamiento armado con fuerzas policiales en el paraje La Rinconada, el 29 de agosto de ese año. Un ex policía, Oscar Alfredo Rojas, declaró décadas después ante la fiscal federal Silvana Godoy una versión completamente distinta.
Según el testimonio de Rojas, Guilbert estaba detenido en el D2 antes de su muerte. "Allí se acostumbraba a trasladar a los 'chupados' como paso previo a la ejecución clandestina —declaró ante la agencia Télam—, luego lo torturaron y terminó tirándose o lo tiraron desde la ventana del primer piso para caer en el patio de la Jefatura." El cadáver que Rojas encontró en La Rinconada, presentado como caído en combate, estaba sin cinturón ni cordones en los zapatos: el signo inequívoco de alguien que estuvo detenido.
La declaración de Rojas permitió reabrir esa causa y siete más. Fue, en la práctica, la primera vez que alguien desde adentro de la estructura policial sanjuanina describía el funcionamiento real del sistema.
El archivo como prueba
En 2019, el Ministerio de Gobierno provincial ingresó formalmente el "Fondo Documental del Departamento de Inteligencia de la Policía de San Juan D2" al Archivo General de la Provincia.
Esa documentación se convirtió en la columna vertebral de los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en San Juan en tres megacausas sucesivas. En el tercer debate oral y público hubo 35 acusados —20 ex militares, 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello— por crímenes cometidos contra más de 150 víctimas: privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, violencia sexual, 22 desapariciones forzadas y seis ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.
"Los documentos del D2 sanjuanino fueron la prueba fundamental en los juicios de lesa humanidad realizados en la provincia. 'La justicia se valió de esos archivos del D2 para demostrar lo que se demostró', señala Farías. "La nómina actual tiene 150 víctimas entre hombres y mujeres: sanjuaninos desaparecidos en la provincia, en otras provincias, o personas de otras provincias que fueron desaparecidas en San Juan", explica. "Y es una lista que no está cerrada."
Lo que demuestran los juicios
La "teoría de los dos demonios" sostiene que en la Argentina de los 70 existió un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas en condiciones de cierta paridad, y que las víctimas de la represión fueron, en su mayoría, militantes de organizaciones violentas. Los archivos y los juicios de lesa humanidad desmintieron esa versión de manera sistemática.
Un informe de 2015 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estimó que, de las víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán, el 42% fueron trabajadores y sus familiares, el 15% dirigentes sindicales y gremiales, el 8% comerciantes y personas de oficio, el 4% estudiantes universitarios, y apenas el 7% acreditaba un vínculo con el PRT-ERP o Montoneros. La proporción fue similar en el resto del país. En San Juan, los desaparecidos incluyen sindicalistas, estudiantes universitarios y secundarios, abogados laboralistas, militantes políticos de distintos partidos y trabajadores sin ninguna vinculación con organizaciones armadas. Los archivos del D2 los tenían a todos fichados.
"Los juicios de lesa humanidad demostraron que no hubo una guerra interna en la Argentina, sino que hubo un plan sistemático de exterminio", dice Farías. "Esos juicios y la continuidad de la verdad: la gente empieza a sentirse, empieza a hablar. Y después te ponen leyes de impunidad que condicionan todo."
Los archivos desclasificados por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos confirmaron la escala del sistema. Documentos dados a conocer en los últimos años revelaron que, para 1977, la dictadura militar argentina contabilizaba más de 22.000 víctimas entre las provincias principales. La dictadura duró hasta 1983.
San Juan, 50 años después
La provincia, según Farías, tardó más que otras en procesar su propia historia. "En una provincia chica y bastante conservadora, era difícil. Había un gran sector de la sociedad sanjuanina que no sabía que en San Juan había pasado." San Juan tiene dos centros clandestinos de detención señalizados y protegidos por ley: la ex Legislatura y La Marquesita.
Hoy, la página web del Archivo de la Memoria se encuentra caída, desfinanciada desde el gobierno nacional. Los juicios continúan, aunque más lentamente. La nómina de víctimas sigue abierta.
"Los desaparecidos no solamente nos faltan a los familiares, nos faltan a todos", dice Farías. "Nos falta un tío, un vecino, alguien que podría haber sido un buen profesor, un buen amigo. Nos faltan. Y cuando nos faltan en la sociedad, con las injusticias que se generaron, es un hecho social."
El 24 de marzo es una fecha. Pero el proceso que llevó al terrorismo de Estado en San Juan empezó antes, en las oficinas del D2, con fichas, recortes de diario y filiaciones políticas. Y la tarea de reconstruirlo, cincuenta años después, todavía no terminó.
Fuentes consultadas:
Testimonio de Gabriel Farías (HIJOS San Juan), archivos del Departamento de Informaciones Policiales D2, requerimiento fiscal de junio 2022 (fiscales Dante Vega, Francisco Maldonado y Katia Troncoso), comunicado del Ministerio de Gobierno de San Juan (abril 2019), alegatos de apertura del juicio D2 Mendoza (fiscal Dante Vega), declaraciones del ex policía Oscar Alfredo Rojas ante la fiscalía federal, sitio web Fiscales.gob.ar, y archivos digitalizados del Archivo Nacional de la Memoria.