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Arancibia denunció presunta corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum
La denuncia presentada por Marcelo Arancibia pide investigar a funcionarios de las gestiones 2015-2023 por presuntas maniobras irregulares en la compra de caños para el Acueducto Gran Tulum, una obra inconclusa por la que la provincia estaría devolviendo un crédito de 100 millones de dólares.
El dirigente y abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para que se investiguen presuntas maniobras de corrupción en torno a la obra del Acueducto Gran Tulum. La presentación se realizó, según explicó, al límite del plazo que establece el artículo 268 bis del Código Penal para investigar a exfuncionarios por presunto enriquecimiento ilícito. “Hoy es el último día que había para presentar la denuncia”, afirmó en El Café de la Política.
Arancibia enmarcó su acusación en la historia del proyecto financiado por un crédito de Kuwait por 100 millones de dólares, otorgado en los años posteriores a la Primera Guerra del Golfo como reconocimiento a los países aliados. Ese dinero iba destinado a la construcción del acueducto, una obra considerada estratégica para ampliar el abastecimiento de agua potable y saneamiento para más de 1.000.000 de habitantes en San Juan.
Según su relato, la obra se licitó, se adquirieron caños a una empresa radicada en Buenos Aires y luego se compró un segundo lote debido a que los primeros “no servían”. Aun así, aseguró que existen dudas sobre ambos suministros. “Aparentemente el sistema tampoco serviría”, indicó. El tema tomó relevancia pública a partir de un fallo judicial en un litigio entre privados, donde se menciona la operatoria y se estima un presunto perjuicio millonario para la provincia.
Presunto perjuicio para la provincia
El denunciante sostiene que la provincia estaría devolviendo el crédito a Kuwait sin que la obra esté concluida. “La obra no está, pero los pagos sí”, citó en referencia a declaraciones del actual ministro de Economía. En su cálculo, esta situación podría totalizar un daño patrimonial “de 50 a 100 millones de dólares”.
Arancibia remarcó que ese perjuicio se traduciría directamente en afectaciones a servicios esenciales: “Menos sueldo para el empleo público, menos gasas e implementos para los hospitales, peor calidad educativa, menos seguridad”.
Funcionarios bajo investigación y alcance del pedido
El abogado solicitó que se investigue la actuación de todos los funcionarios vinculados a las gestiones 2015-2019 y 2019-2023, sin individualizar nombres. Sostuvo que la Justicia provincial tiene una deuda histórica en materia de causas de corrupción: “Por más de 30 años nunca ha investigado hechos de corrupción; no está dentro de la política criminal investigar a los gobiernos”.
La denuncia también incorpora antecedentes legislativos. Según explicó, tras conocerse la sentencia que mencionaba los caños del acueducto, sectores del oficialismo y la oposición impulsaron pedidos de informe. Sin embargo, aseguró que estos requerimientos carecen de fecha límite para su respuesta: “El informe puede llegar mañana, pero puede ocurrir que nunca llegue”.
Además, pidió que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita administrativa. Señaló que un perjuicio de tal magnitud no podría corresponder “al hecho de una sola persona”, sino a una estructura coordinada.
Prescripción y obligación de investigar
Arancibia justificó la urgencia de su presentación en los plazos de prescripción para delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito de exfuncionarios: “Si alguien ha perjudicado a la provincia de San Juan en el orden de los 100 millones de dólares, no puede ser el hecho de una persona”, expresó. Según sus dichos, con la denuncia “se interrumpe esta posibilidad de prescripción” para quienes ya no ocupan cargos desde el 10 de diciembre de 2023.
También se refirió al rol del nuevo fiscal de Delitos Especiales, Baigorri, encargado de determinar la política criminal en la materia. “Tiene la oportunidad de decirle a la sociedad sanjuanina cuál va a ser su criterio cuando se tratan de delitos contra la administración pública”, señaló.
Delitos que podrían investigarse
La denuncia solicita que se estudien posibles maniobras vinculadas con:
- malversación de fondos públicos,
- negociaciones incompatibles,
- abuso de autoridad,
- violación de deberes de funcionario público,
- defraudación al Estado,
- cohecho,
- asociación ilícita.
Para el denunciante, existen elementos suficientes para avanzar: “Los caños que se compraron, si servían o no servían, y los que luego se compraron para reponer, si sirven o no sirven. Ahí están los elementos para saberlo”.
Arancibia pidió la intervención de la Fiscalía de Estado, encargada de defender el patrimonio provincial. Recordó que esa institución no participó en causas anteriores impulsadas por él.
Cierre y continuidad del caso
La denuncia quedó radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, cuya competencia abarca los delitos contra la administración pública. Allí se solicitó la recolección de documentación, la realización de pericias técnicas y contables, y la citación de funcionarios, técnicos y empresarios vinculados a la obra.
Arancibia sostuvo que la investigación permitirá determinar si existió una maniobra que, según afirma, tiene “todos los ribetes de un escándalo”. Señaló que la ciudadanía “estaba cansada de la falta de moralidad pública” y que este caso pondrá a prueba la disposición institucional para esclarecer hechos de corrupción en San Juan.