Judiciales > Este viernes
Audiencia del intendente de Angaco se suspendió y la definición pasó al 20 de marzo
La defensa del intendente de Angaco cuestionó el trámite judicial y advirtió sobre una investigación paralela. El tribunal fijó nueva fecha.
La audiencia vinculada a la causa que involucra al intendente de Angaco sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el tribunal resolviera suspender su tratamiento y postergar la definición para el próximo 20 de marzo. La decisión se tomó tras un planteo preliminar presentado por la defensa del jefe comunal, que solicitó frenar el trámite al advertir que se superpone con otra investigación penal que comenzará a formalizarse la próxima semana.
El proceso se originó por una denuncia presentada por concejales del departamento por un hecho ocurrido en 2019, cuando presuntamente se habrían utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en Chimbas.
El abogado defensor, Marcelo Fernández, explicó que el planteo surgió luego de que el tribunal dispusiera que el acuerdo alcanzado con el Concejo Deliberante fuera expuesto durante la audiencia. “La propuesta no fue oralizada porque, a criterio de esta defensa, esta audiencia no tenía como finalidad explicar el contenido del acuerdo sino avanzar en su homologación”, sostuvo a DIARIO HUARPE. En ese sentido señaló que el procedimiento previsto por el Código Procesal establece que, una vez presentada la propuesta, se corre vista al Ministerio Público Fiscal y a las demás partes, y si no existe una oposición fundada corresponde convocar a una audiencia para resolver su aprobación.
Según indicó el letrado, la solicitud de suspensión se fundamentó en que el intendente fue denunciado recientemente por la misma fiscal que interviene en la causa y por los hechos vinculados al acuerdo firmado con el Concejo Deliberante. “Ayer fuimos notificados de que la investigación penal preparatoria se formalizará el día 11, por lo que se estaría discutiendo en dos instancias distintas sobre un mismo tema”, afirmó. De acuerdo con esa interpretación, una resolución en esta audiencia podría tener incidencia directa sobre el nuevo proceso que comenzará la próxima semana.
La defensa también cuestionó el modo en que se conoció la imputación que podría formular el Ministerio Público Fiscal. “El sistema acusatorio establece igualdad entre las partes y el fiscal tiene la obligación de brindar información verídica al imputado. Sin embargo, nosotros conocimos esa imputación a través de los medios y hasta el momento no se nos informó formalmente qué delito se le atribuye”, expresó. Además explicó que, ante la existencia de la denuncia, se presentaron voluntariamente ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para ponerse a disposición de la Justicia y ofrecer documentación.
En ese contexto, el defensor rechazó las sospechas sobre el acuerdo celebrado con el Concejo Deliberante de Angaco, mediante el cual el jefe comunal ofrecía pagar $5.000.000 como reparación económica por el presunto perjuicio ocasionado al municipio.
“Se ha sugerido que el acuerdo habría sido obtenido de manera irregular, pero descarto absolutamente cualquier tipo de ilicitud”, afirmó.
Según explicó, el convenio se tramitó dentro de los mecanismos institucionales previstos y la voluntad del órgano legislativo municipal se expresa a través de ordenanza.
La investigación original sostiene que el intendente habría incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario al utilizar recursos municipales para realizar trabajos en un predio privado. Sin embargo, a partir de la discusión por el acuerdo, también se impulsó una nueva denuncia para determinar si su firma y aprobación podrían constituir delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado o incumplimiento de los deberes de funcionario por parte del jefe comunal y de los concejales que votaron a favor.
Frente a ese escenario, la defensa sostuvo que la nueva investigación busca interferir en el trámite judicial en curso. “A partir del miércoles comenzará a dilucidarse la verdad y el verdadero objetivo de esta denuncia, que no sería otro que entorpecer un trámite previsto por la ley”, manifestó el abogado. Asimismo cuestionó los fundamentos de la oposición fiscal al acuerdo y consideró que carecen de sustento jurídico.
Finalmente, tras escuchar los planteos, el tribunal resolvió suspender el tratamiento de la audiencia y diferir la decisión para una nueva fecha. “Lo que se hizo fue suspender implícitamente la audiencia, es decir, no continuar con el tratamiento hoy y postergar la decisión para el 20 de marzo”, explicó el defensor al finalizar la jornada. De esta manera, el proceso continuará mientras avanza en paralelo la investigación que se formalizará en los próximos días.