Política > Causa Vialidad
CFK y el resto de los acusados deben depositar más de $684.000 millones antes de fin de mes
Tendrán un plazo de diez días hábiles para hacerlo. De lo contrario, el tribunal determinó que sean ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.
POR REDACCIÓN
El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó este martes la ejecución del decomiso económico en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina de Kirchner. En total, l os nueve condenados deberán pagar a fines de julio casi $685.000 millones. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes a nombre de los afectados.
Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal. El monto reclamado es $684.990.350.139,86.
No queda claro cuánto debería pagar cada persona. El tribunal no determina cómo se reparte el monto del decomiso, solo menciona la suma total que debe ser pagada y las medidas generales para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entre ellos, el decomiso en caso de no abonar en el tiempo determinado.
Vale recordar que las personas afectadas ya tienen bienes embargados por la justicia. El tribunal instó al Ministerio Público Fiscal de que realice las investigaciones necesarias para identificar y localizar bienes para garantizar el cobro. Para acelerar este la investigación se le recuerda que ya tiene las facultades para hacerlo.
La última decisión de Casación
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el viernes pasado mantener las condiciones actuales en las que la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena por el caso Vialidad. El tribunal, conformado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, avaló por unanimidad la prisión domiciliaria en el domicilio de San José 1.111 en el barrio de Constitución, rechazando los planteos de la fiscalía para que la pena se cumpla en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal o en otro domicilio.
Los camaristas fundamentaron su decisión en un informe socioambiental favorable elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), y señalaron que cesaron las situaciones conflictivas en el barrio luego de que la Corte Suprema confirmara la condena el 10 de junio.