Candidatos a gobernador que no debatan pagarán una multa de $2 millones

El proyecto de reforma electoral impulsado por el Partido Bloquista en San Juan, RECO, avanza sobre un punto sensible de la campaña: obliga a los candidatos a gobernador a debatir y fija una multa que hoy equivale a unos $2.000.000 para quienes no se presenten.

La sanción está establecida en 20.000 unidades tributarias. Con el valor vigente de la UT en $100 durante 2026, la cifra asciende a $2.000.000. No es un monto simbólico, pero tampoco inalcanzable para una campaña provincial. Y ahí está el equilibrio político del proyecto.

El debate no queda librado a acuerdos entre candidatos. El proyecto establece que deberá realizarse sí o sí, con una convocatoria del Tribunal Electoral dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de candidaturas y con fecha dentro de los quince días previos a la elección .

Es decir, se ubica en el tramo final de la campaña, donde cada exposición tiene impacto directo en el voto.

Además, el debate deberá ser público y con difusión garantizada en medios de la provincia, lo que lo convierte en una instancia masiva y obligatoria de contraste de propuestas.

Formato

Uno de los cambios más fuertes es que el debate deja de ser negociado por los candidatos. El Tribunal Electoral tendrá la potestad de organizarlo, definir moderadores, establecer los temas y fijar la modalidad. Incluso, si no hay acuerdo entre los equipos de campaña, será el propio organismo quien imponga las reglas.

El proyecto también habilita la participación de universidades y organizaciones de la sociedad civil en la organización, buscando darle mayor legitimidad institucional.

Una obligación que no baja a los municipios

El proyecto también contempla debates para intendentes, pero en ese caso no serán obligatorios. El Tribunal Electoral podrá organizarlos según criterios de oportunidad y relevancia. La diferencia marca una prioridad clara: el foco está puesto en la disputa por la Gobernación.

Hasta ahora, debatir era una decisión política. Con esta reforma, pasa a ser una obligación con costo económico y reglas institucionales.

El cambio no es menor: el proyecto no solo modifica cómo se vota, sino también cómo se hace campaña.

Si avanza en la Legislatura, San Juan sumará una nueva regla de juego: en la pelea por la Gobernación, no debatir dejará de ser una estrategia posible y pasará a tener consecuencias concretas.