Judiciales > Investigación abierta
Denunciaron al intendente José Castro por presuntas amenazas en Tribunales
La denuncia fue presentada por el concejal Andrés Olivera, quien aseguró haberse sentido amedrentado por una frase del intendente José Castro durante una audiencia en Tribunales.
La Justicia abrió una investigación tras una denuncia presentada contra el intendente de José Castro por un presunto episodio de amenazas ocurrido en el Palacio de Tribunales. La presentación fue realizada por el concejal Andrés Olivera, quien aseguró haberse sentido amedrentado por una frase que, según su interpretación, implicó un mensaje intimidatorio.
El caso es investigado por el fiscal Adrián Rivero, quien confirmó en Radio Sarmiento que la denuncia fue radicada el viernes en la comisaría del departamento Angaco y que la causa se encuentra en una etapa inicial.
La denuncia y el episodio en Tribunales
Según explicó el fiscal Rivero, Olivera manifestó en su denuncia que se encontraba presenciando una audiencia judicial cuando se produjo el episodio. En ese contexto, indicó que el intendente Castro se le acercó, lo saludó y le dijo que se “cuidara”.
De acuerdo con el relato del denunciante, esa expresión fue interpretada como una amenaza, lo que le generó temor por su integridad física.
“Él manifiesta que sintió ese temor o ese amedrentamiento en función de las manifestaciones del intendente”, señaló Rivero. El fiscal también indicó que el concejal aseguró que no sería la primera vez que atraviesa una situación similar.
En la presentación judicial, Olivera se identificó como vicepresidente del Concejo Deliberante de Angaco, aunque el fiscal aclaró que esa información será verificada durante la investigación mediante oficios y otras medidas.
Pericia psicológica y medidas de investigación
Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía solicitará una pericia psicológica al denunciante para determinar el grado de intimidación que pudo haber provocado el episodio.
Rivero explicó que la interpretación de una frase puede variar según la experiencia de cada persona. “Son interpretaciones subjetivas que cada uno va a entender en la medida de sus vivencias”, sostuvo.
El objetivo de la evaluación técnica será determinar si la situación generó efectivamente un estado de temor o intimidación que pueda encuadrarse dentro de un delito.
Además, el fiscal indicó que la investigación continuará con la incorporación de otros elementos de prueba que puedan surgir durante el proceso. Entre ellos podrían incluirse testimonios u otras evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido.
Una causa en etapa inicial
Rivero aclaró que, por el momento, la denuncia no menciona testigos del hecho y describe el episodio como un intercambio directo entre ambas personas.
También señaló que la causa tiene por ahora una calificación provisoria vinculada a un presunto amedrentamiento, mientras se reúnen elementos que permitan determinar si existió o no un delito.
“Es una investigación muy incipiente. Vamos a evaluar los elementos de convicción que surjan y, en función de eso, determinar si corresponde avanzar o no”, explicó el fiscal.
Posibles consecuencias legales
En caso de que la investigación avance y se configure el delito de amenazas, la sanción prevista en el Código Penal puede variar según la gravedad del hecho.
Rivero indicó que, en términos generales, la pena por amenazas simples puede ir de un mes a un año de prisión, aunque aclaró que se trata de un escenario hipotético y que todavía no se ha definido la calificación final del caso.
De acuerdo con el fiscal, el proceso dependerá de los resultados de las pericias y de los elementos que se incorporen a la investigación. Incluso, el Ministerio Público Fiscal podría desestimar la acción penal si no se reúnen pruebas suficientes.
Por ahora, la causa continúa en etapa preliminar mientras se aguarda la realización de la pericia psicológica y la recolección de nuevos elementos que permitan esclarecer el episodio denunciado.