Empleado judicial condenado "de por vida" a no trabajar en cargos públicos por robar

La Justicia de San Juan condenó este miércoles a Juan Cruz Marinelli, el ex empleado judicial acusado de cobrar dinero mediante una maniobra en la que exigía pagos únicamente en efectivo. El imputado recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque esta última sanción comenzará a regir recién cuando la sentencia quede firme.

La investigación y el juicio estuvieron encabezados por el fiscal Francisco Nicolia, de la UFI de Delitos Especiales, quien sostuvo la acusación contra el ex trabajador judicial por las maniobras detectadas dentro del Registro General Inmobiliario. 

De acuerdo con la pesquisa, el modus operandi de Marinelli consistía en decirles a las personas que la computadora del organismo “estaba rota” o que el sistema no permitía realizar pagos electrónicos. Bajo ese argumento, les aseguraba a los usuarios que únicamente podía recibir dinero en efectivo para avanzar con los trámites. En otros casos, directamente les manifestaba que solo se aceptaban pagos en efectivo, pese a que el organismo únicamente trabajaba con pagos electrónicos realizados mediante terminales habilitadas.

La maniobra investigada estaba vinculada a los llamados “Formularios Verdes”, documentación relacionada con la nomenclatura catastral de inmuebles. Según la acusación, Marinelli aprovechaba su función dentro del Registro Inmobiliario para recibir dinero en efectivo de usuarios que acudían a realizar esas diligencias administrativas. 

El caso salió a la luz luego de que una mujer regresara a la oficina y comentara ante otros empleados que ya había entregado 5.000 pesos en efectivo a Marinelli. Esa situación despertó sospechas internas y derivó en una investigación administrativa y penal. Posteriormente, durante un allanamiento en el lugar de trabajo del acusado, los investigadores encontraron trece Formularios Verdes descartados en un basurero, elemento que terminó reforzando la acusación en su contra. 

Uno de los puntos que marcó el avance del proceso ocurrió antes del juicio, cuando debió intervenir una junta médica interdisciplinaria para determinar si Marinelli estaba en condiciones de afrontar el debate oral. El planteo fue impulsado por su defensor oficial, César Oro, quien insistió en que el imputado padecía una incapacidad mental sobreviniente y que no estaba apto para enfrentar el proceso judicial. 

Incluso, el juicio llegó a suspenderse momentáneamente luego de que una junta médica recomendara la internación del acusado para estabilizar un cuadro de salud mental denunciado por la defensa. Sin embargo, finalmente los informes determinaron que podía ser sometido a juicio y el proceso continuó hasta llegar a la condena dictada este miércoles. 

Durante una de las audiencias, además, la defensa pidió expresamente que no se tomaran imágenes de Marinelli. El planteo estuvo basado en disposiciones vinculadas a la Ley de Salud Mental y no encontró oposición por parte de la fiscalía, por lo que el tribunal ordenó restringir la difusión de fotografías del acusado durante el debate oral. 

En octubre del año pasado, cuando fue formalmente imputado, el juez de garantías ya le había impuesto distintas restricciones mientras avanzaba la investigación. Entre ellas figuraban la prohibición de acercarse a testigos, concurrir a su lugar de trabajo y salir de la provincia sin autorización judicial.

Finalmente, este miércoles las partes arribaron a una resolución que terminó con la condena de Marinelli a dos años de prisión condicional. De esta manera, el ex empleado judicial no irá al Penal de Chimbas, aunque deberá cumplir reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, desde el ámbito judicial aclararon que dicha sanción comenzará a aplicarse únicamente cuando el fallo quede firme y no existan recursos pendientes de resolución.

El caso generó fuerte repercusión dentro del ámbito judicial sanjuanino debido a que la maniobra investigada ocurrió dentro de una dependencia del propio Poder Judicial y terminó con la condena de un empleado acusado de exigir pagos en efectivo aprovechándose de usuarios que acudían al organismo para realizar distintos trámites administrativos.