“No al ajuste en discapacidad”: reclamaron por la falta de pagos de Incluir Salud

La crisis del programa Incluir Salud volvió a tomar visibilidad este miércoles en San Juan, donde instituciones, profesionales y familias se concentraron frente a la sede local para reclamar por la falta de pagos y el impacto directo en la atención de personas con discapacidad. El eje del reclamo fue claro: “no al ajuste en discapacidad”.

Desde la Asociación para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad (ARID), una de las entidades presentes, advirtieron que la situación financiera es crítica. “Estamos en una grave crisis como institución”, señalaron durante la protesta. Como prestadores de servicios de inclusión —que abarcan desde la primera infancia hasta centros de día e integración escolar— explicaron que los pagos del programa nacional no se regularizan desde el año pasado, incluyendo meses recientes como enero y febrero.

El problema no es solo administrativo: tiene consecuencias concretas. La falta de financiamiento dificulta el pago de salarios a profesionales y el sostenimiento de servicios básicos. “Se nos hace muy cuesta arriba poder sostener a las personas con discapacidad”, remarcaron. En muchos casos, los usuarios dependen exclusivamente de Incluir Salud, ya que son beneficiarios de pensiones no contributivas y no cuentan con otra cobertura.

En la misma línea, trabajadoras de centros educativos terapéuticos describieron el impacto cotidiano del desfinanciamiento. Enumeraron gastos esenciales que hoy quedan desprotegidos: seguros, servicios, alimentación, insumos y hasta medicación. “Hay casos donde tampoco se entregan pañales, entonces los brindamos nosotros desde la institución”, explicaron. La consecuencia directa es una sobrecarga económica que ya no pueden sostener.

Las cifras dimensionan el problema. Algunas instituciones atienden a más de 100 personas, con una proporción significativa cubierta por el programa. En otros casos, la dependencia es casi total: centros con hasta el 97% de su población bajo Incluir Salud y decenas de trabajadores sin cobrar salarios desde hace meses. “No podemos pagar sueldos. Los padres nos ayudan como pueden, mandan alimentos, pero no alcanza”, resumieron.

El deterioro también impacta en las familias. Ante la falta de recursos, muchas deben colaborar con insumos básicos para sostener la atención de sus hijos. La escena se repite en distintos espacios: meriendas cubiertas por aportes familiares, terapias en riesgo y profesionales que continúan trabajando sin certezas de cobro.

Cómo funciona Incluir Salud y por qué está en crisis

El programa Incluir Salud depende del Gobierno nacional y está destinado principalmente a personas que perciben pensiones no contributivas, muchas de ellas por discapacidad. Su objetivo es garantizar cobertura médica, terapias, medicamentos, traslados e insumos esenciales.

Sin embargo, el esquema actual presenta fuertes demoras en los pagos a prestadores, lo que genera un efecto en cadena: las instituciones no pueden sostener sus servicios y los beneficiarios ven afectado su acceso a tratamientos.

En San Juan, ante este escenario, el Gobierno provincial decidió intervenir para evitar una interrupción masiva de prestaciones. Según confirmó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, la Provincia destina alrededor de $1.000 millones mensuales para cubrir servicios que debería garantizar Nación.

Ese esfuerzo incluye desde tratamientos de alta complejidad, como diálisis, hasta traslados, medicamentos e insumos básicos como pañales. “Vamos a sostener la cobertura porque hay pacientes que no pueden esperar”, aseguró el funcionario, aunque reconoció que el esquema implica una fuerte presión sobre las finanzas provinciales.

Un conflicto que escala

El reclamo en la calle se suma a un clima de creciente tensión en el sector. Las instituciones ya venían advirtiendo por atrasos arancelarios, deudas acumuladas y falta de actualización de valores. A eso se agrega la incertidumbre por cambios en el sistema a nivel nacional, que según referentes locales podría profundizar la crisis.

En ese contexto, la protesta de este miércoles no fue un hecho aislado, sino la expresión de un sistema que muestra signos de agotamiento. Prestadores, familias y profesionales coinciden en el diagnóstico: sin regularización de pagos, la continuidad de muchas instituciones está en riesgo.

El planteo también apunta a una solución estructural. Mientras la Provincia sostiene el sistema con recursos propios, el sector exige que Nación normalice el financiamiento. “La solución es que se pague lo que se debe”, resumieron desde las organizaciones.

Por ahora, la respuesta concreta no llega y el conflicto sigue abierto. En el medio, miles de personas con discapacidad dependen de un sistema que, según denuncian quienes lo sostienen día a día, está cada vez más cerca del límite.