Orrego irá a la Justicia por acusaciones “falsas e injuriantes” en TV

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios contra el periodista Tomás Méndez, la productora Telearte y el Grupo Octubre, propietario del programa Telenueve Denuncia, tras considerar que las acusaciones difundidas en ese espacio son falsas, injuriantes y carecen de respaldo verificable. La presentación se hizo a través de la Asesoría letrada del gobierno provincial.

Como primer paso, el mandatario sanjuanino envió cartas documento a los tres destinatarios, intimándolos a rectificarse públicamente o a respaldar con pruebas concretas las afirmaciones emitidas, en un plazo de 24 horas. De no mediar respuesta satisfactoria, Orrego avanzará con una demanda civil y accionará penalmente por calumnias e injurias.

Las razones de la denuncia

En la presentación, Orrego sostiene que se le atribuyeron "hechos ilícitos de extrema gravedad" mediante expresiones que califica de "manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico", presentadas al público como hechos ciertos. Según el texto de la intimación, esa forma de proceder excede los límites de la libertad de expresión y lesiona su honor y buen nombre.

Desde el Gobierno provincial agregaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye "una conducta ilegítima que afecta la institucionalidad".
Un conflicto que se replica en otras provincias

La acción de Orrego no es un caso aislado. Varios gobernadores ya iniciaron acciones legales contra el mismo periodista: Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta, fueron los primeros en presentarse ante la Justicia. Recientemente se sumó Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Mientras tanto, Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) evalúan seguir el mismo camino ante situaciones similares vinculadas al mismo espacio periodístico.

El contexto en el que llega la denuncia

La ofensiva judicial del gobernador se produce en medio de una serie de cuestionamientos a su administración que tomó el programa de Méndez. Entre los señalamientos que motivaron la acción figuran las contrataciones directas al empresario José Gazzé por cerca de $4.800 millones en poco más de dos años, distribuidas en 465 adjudicaciones, así como los más de $2.662 millones pagados a la firma Liñan Linares S.R.L., propietaria de La Boutique del Jamón, en su mayoría bajo el concepto de actividades protocolares. Por el momento no hay imputaciones firmes ni hechos probados judicialmente.

El Gobierno provincial no se refirió en detalle a esas investigaciones, pero sí fue enfático en su postura frente a lo que considera una campaña de agravios