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Por primera vez se aplicó el protocolo antipiquetes en San Juan
Familias, profesionales y prestadores de servicios para personas con discapacidad se movilizaron este miércoles en San Juan para visibilizar la crítica situación del sector. La protesta fue contenida por el protocolo antipiquete y concentrada en un tramo de avenida Libertador.
Cerca del mediodía de este miércoles, se aplicó el protocolo antipiquetes en el Centro Cívico de San Juan, cuando un grupo de manifestantes, integrado por familias y prestadores de servicios para personas con discapacidad, intentó avanzar hacia Casa de Gobierno. La medida de seguridad impidió el avance de la movilización, que finalmente se concentró sobre la calzada norte de avenida Libertador, justo frente a la Comisaría 4ª, en un tramo actualmente inutilizado por trabajos de repavimentación.
La manifestación fue impulsada por el Programa de Apoyo a la Inclusión Activa (PAIA) y estuvo acompañada por la Asociación Civil para la Realización e Inclusión de la Persona con Discapacidad (ARID), también contó con la presencia de profesionales de distintas áreas, transportistas, familiares y cuidadores. Gabriela Galdeano, presidenta de Arid y madre de una persona con discapacidad, encabezó el reclamo y detalló la profundidad de la crisis: "Los aranceles no se actualizan desde diciembre de 2024, los pagos de obras sociales llegan con retrasos de 60 a 90 días, y muchas prestaciones están directamente frenadas. Los sueldos son insostenibles, y eso deja sin terapias a los chicos", explicó.
Galdeano también criticó la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado: “Cuando se trata de integración escolar, por ejemplo, nadie se hace cargo. El Ministerio de Salud y el de Educación se pasan la responsabilidad y, mientras tanto, hay niños que no pueden asistir a clases por no tener acompañantes terapéuticos”.
Otro punto crítico de la protesta fue la situación de los trabajadores del sector, que denunciaron condiciones de precariedad extrema. “Los sueldos están congelados desde diciembre, y los aumentos que hubo fueron simbólicos, del 0,5%, 0,3% o incluso 0,1%. Hablamos de incrementos mensuales de $2.000 o $2.500, que no alcanzan para sostener ningún servicio”, apuntó Galdeano.
Además de visibilizar el conflicto, los manifestantes exigieron la intervención directa del gobernador para que gestione ante la Agencia Nacional de Discapacidad y otros organismos nacionales. “Ya hicimos reclamos ante la Superintendencia de Salud y no nos recibieron. Hoy venimos a pedir ayuda a quien nos representa en la provincia”, reclamó la presidenta de ARID.