Sobreseimiento en la causa por créditos a Lázaro Báez: La Cámara Federal cerró la investigación tras 14 años

La Cámara Federal porteña decidió este martes poner fin a la investigación que involucraba a exdirectivos del Banco Nación durante la gestión kirchnerista, en relación con los supuestos créditos abusivos otorgados en 2010 a las empresas vinculadas a Lázaro Báez, como Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron el sobreseimiento de los exfuncionarios imputados, incluidos Juan Ignacio Forlón, Juan Carlos Fábrega y Matías Kulfas, quienes habían sido investigados en distintas etapas del proceso. Según el fallo, tras 14 años de investigación, no hay evidencia suficiente para sostener los cargos de defraudación al Estado.

La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer, tras las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña, quien reveló maniobras financieras que vinculaban a Báez y el gobierno kirchnerista, en el marco de la denominada “ruta del dinero K”. La hipótesis inicial sostenía que los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a las empresas de Báez habían sido facilitados por la relación cercana entre el empresario y el ex presidente Néstor Kirchner, lo que habría permitido el acceso a financiación pública a cambio de beneficios para el grupo empresario. La sospecha era que los fondos públicos se utilizaron para financiar obras que, a su vez, garantizaban el pago de los créditos mediante certificados de obra emitidos por el propio Estado.

A finales de 2018, el juez Daniel Rafecas había decidido no procesar a los imputados, pero tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli, la Cámara Federal revocó ese fallo en marzo de 2019, considerando que existían elementos suficientes para investigar la posible defraudación y las conexiones políticas detrás de los créditos. En 2023, Rafecas procesó a varios exfuncionarios y directivos del Banco Nación, incluyendo a Fábrega y Kulfas, por favorecer con créditos a las empresas de Báez, tras un análisis de los peritajes sobre los créditos impagos. Sin embargo, en abril de 2024, la Cámara Federal volvió a intervenir y resolvió revocar el procesamiento, argumentando que no se había probado una defraudación ni un interés personal indebido por parte de los exfuncionarios.

En su resolución final, los jueces Farah y Boico confirmaron los sobreseimientos, concluyendo que no había pruebas suficientes para demostrar que los imputados actuaron con un interés particular o que los créditos otorgados causaron un perjuicio al Estado. Según Boico, después de más de una década de investigación, seguía sin haber indicios sólidos de irregularidades en la gestión de los créditos, y las acusaciones de “negociaciones incompatibles” no contaban con fundamentos. Además, los jueces destacaron que la falta de pruebas y el agotamiento de la instrucción obligaban a cerrar el caso. 

Por su parte, el juez Irurzun había sido el primero en señalar que el caso debía ser reabierto, argumentando que aún quedaban aspectos importantes por investigar, especialmente en relación con el “interés indebido” de los funcionarios y las conexiones políticas involucradas. Sin embargo, la decisión final de la Cámara fue confirmar el sobreseimiento, cerrando así una investigación que se había extendido por más de 14 años sin lograr llegar a una conclusión judicial condenatoria.