La firma no asistió a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo. Como respuesta, los operarios decidieron mantener ocupada la planta por los salarios adeudados y el temor de cierre.

Derogaron una medida del gobierno de Alberto Fernández que obligaba a ese tipo de productos a pasar por lo que se conoce como "canal rojo", que es el de máximo control.