La nueva regulación exigirá documentación adicional para frenar la entrada masiva de prendas usadas que afecta al sector textil local y presenta peligros para la salud pública.

El sector textil acumula una caída del 27,8% desde 2023, con 427 empresas cerradas y 14.000 puestos de trabajo perdidos en medio de una crisis agravada por la desregulación de importaciones.