La empresa explicó que el producto apócrifo fue detectado en Mendoza y no tiene relación con sus procesos. Garantizan que todos sus alimentos cuentan con habilitación sanitaria y cumplen con normas de calidad.

El profesional fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba por un año tras ser acusado de falsificación de documento público. Además, deberá realizar pagos simbólicos y cumplir con tareas comunitarias.

Las dos mujeres están sospechadas de hacer ingresar y recibirse a personas que no cumplían con los requisitos.