Adepa mostró preocupación por las campañas de desinformación

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación ante las recientes revelaciones sobre una presunta campaña de desinformación de origen extranjero, que habría tenido como objetivo influir en el debate público argentino mediante contenidos difundidos en medios locales.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que, de confirmarse, se trataría de una maniobra de injerencia externa que busca desacreditar al Gobierno nacional bajo la apariencia de información periodística. En ese sentido, consideró que este tipo de prácticas representa un riesgo directo para la calidad democrática.

“ADEPA subraya que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente”, señalaron desde la organización.

Al mismo tiempo, remarcaron que este tipo de campañas “no sólo distorsiona el sentido del trabajo periodístico, sino que puede afectar la confianza pública en los medios”. Por eso, la entidad también llamó a evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos indiscriminados al ejercicio profesional del periodismo.

En ese contexto, Adepa exhortó a los medios de comunicación a reforzar los mecanismos de control interno. “Es necesario extremar los procesos de verificación y profundizar la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada”, indicaron, al tiempo que reclamaron avanzar en la investigación de los hechos y adoptar medidas para prevenir este tipo de situaciones.

De qué se trata la supuesta campaña rusa

Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría superado los USD 283.000, destinados a más de 250 publicaciones en al menos 23 medios digitales argentinos. El planteo advierte que este esquema podría influir en la formación de la opinión pública y afectar la integridad del sistema democrático, especialmente en contextos electorales.

La acusación, presentada como “averiguación de ilícito”, busca determinar si estos hechos encuadran en delitos previstos en la Ley de Inteligencia Nacional o si constituyen un atentado contra el orden constitucional. Monastersky sostuvo que la magnitud del caso no tiene antecedentes en el país ni en la región.

La investigación cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de distintas líneas ideológicas, lo que, según el denunciante, aporta credibilidad. En ese marco, se señala que podría haber existido una infiltración de contenidos financiados desde el exterior con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei.

El escrito judicial también advierte sobre el posible impacto de estas maniobras en la transparencia del debate público y plantea la necesidad de identificar responsabilidades, incluso contemplando que algunos actores hayan sido engañados sobre el origen del material difundido.