Judiciales
Condenaron a un joven a cinco años de prisión por grooming y abuso sexual infantil
Un hombre de 25 años fue condenado en juicio abreviado por captar a niñas y adolescentes a través de redes sociales y distribuir material de abuso sexual infantil.
POR REDACCIÓN
Un hombre de 25 años fue condenado a cinco años de prisión efectiva en San Juan por delitos de grooming y distribución de material de abuso sexual infantil, tras un juicio abreviado en el que se acreditó su responsabilidad en múltiples hechos contra menores. El fallo fue homologado por el juez Gerardo Fernández Caussi, quien dispuso además que el condenado permanezca detenido hasta que la sentencia quede firme.
El imputado, identificado como Marcos Darío Luna, fue hallado culpable de tres hechos de distribución de material de abuso sexual infantil y tres casos de grooming, en concurso real.
El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín,quien brindó detalles del caso a DIARIO HUARPE sobre el caso investigado junto a su equipo, y destacó la relevancia del fallo: “Es una condena realmente importante; en muchos lugares del país estos hechos no se investigan, y acá son prioridad uno”, señaló, al tiempo que remarcó su carácter ejemplificador.
Modus operandi del abusador
Sobre el modo de operar, explicó que el acusado contactaba a las víctimas a través de Instagram, donde las conversaciones escalaban progresivamente en contenido sexual. Aprovechando la curiosidad de las menores, les enviaba videos de abuso sexual explícito con el objetivo de manipularlas, aunque no lograba concretar encuentros. El fiscal confirmó además que se constató un impacto psicológico en las víctimas.
En cuanto a la investigación, precisó que el imputado utilizaba distintas identidades en redes sociales, pero pudo ser identificado a partir de los teléfonos de recuperación y el rastreo de direcciones IP. “Cambiaba el nombre de usuario, pero las direcciones IP determinaron que era él”, afirmó el fiscal.
Durante la audiencia, la fiscalía subrayó la gravedad de las conductas, destacando la reiteración de los hechos y las secuelas psicológicas en las víctimas, factores que fueron considerados agravantes al momento de fijar la pena. Como atenuantes, se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales del acusado, su edad y la colaboración durante el proceso judicial.
La causa se inició a partir de reportes internacionales del National Center for Missing & Exploited Children y la red CyberTipline, canalizados mediante acuerdos de cooperación con el Ministerio Público Fiscal. Los informes de la empresa Meta permitieron identificar y geolocalizar al imputado en la provincia.
Los casos
El primer hecho detectado ocurrió en septiembre de 2025, cuando contactó a una niña de 10 años. Luego, en enero y febrero de 2026, repitió el patrón con dos adolescentes de 14 años, incluyendo el envío de videos explícitos. Finalmente, fue detenido el 23 de febrero en su domicilio del barrio Valle Grande.
La investigación determinó un accionar sistemático, basado en el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas. Los informes periciales revelaron que las menores atravesaron situaciones de angustia, temor y exposición a riesgo, lo que fue clave para sostener la acusación y arribar a la condena.