Política
El Gobierno boliviano acusó a Evo Morales por las protestas en La Paz
El Gobierno de Bolivia endureció su discurso frente a las protestas y bloqueos que paralizan La Paz y otras regiones del país.
POR REDACCIÓN
La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el Gobierno denunciara la existencia de un presunto “plan macabro” detrás de las protestas y bloqueos que afectan especialmente a la ciudad de La Paz.
Las manifestaciones, que ya llevan varias semanas, incluyen cortes de rutas, piquetes y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, mineros cooperativistas y sectores sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En medio del conflicto, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aseguró que las protestas tienen “fines conspirativos” y están “al límite de la legalidad”. Además, vinculó directamente las movilizaciones con el expresidente Evo Morales y sectores afines a su espacio político.
“El Gobierno denuncia un plan macabro financiado por el narcotráfico para desestabilizar la democracia”, sostuvieron voceros oficiales, quienes afirman que existe un intento coordinado para provocar la caída del actual mandatario.
Según las autoridades, las protestas ya comenzaron a generar problemas de abastecimiento de combustible y alimentos, especialmente en La Paz y El Alto, dos de las zonas más afectadas por los bloqueos.
Entre los principales reclamos aparecen denuncias por la crisis energética, el desabastecimiento de combustibles, el rechazo a posibles reformas sobre la propiedad de la tierra y críticas a la política económica del Gobierno.
Las movilizaciones son encabezadas por la Federación Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana y el movimiento indígena conocido como “Ponchos Rojos”, agrupaciones que en los últimos días incrementaron la presión contra el Ejecutivo.
Mientras tanto, el Gobierno intenta contener la crisis mediante mesas de diálogo con distintos sectores, aunque el endurecimiento del discurso oficial y la posibilidad de aplicar medidas excepcionales aumentan la preocupación sobre una posible escalada del conflicto.
La situación representa uno de los desafíos más delicados para la administración de Rodrigo Paz desde que asumió la presidencia hace apenas seis meses, en un contexto de creciente malestar social e incertidumbre política en Bolivia.