El Gobierno Nacional entrega el control del Atlántico Sur a EE.UU. hasta 2030

Bajo el eufemismo de Protecting Global Commons Program / la "protección de los bienes comunes globales"; el gobierno de Javier Milei formalizó una alianza militar con el Comando Sur que otorga a los Estados Unidos, la supervisión de las aguas argentinas durante los próximos cinco años. El acuerdo, firmado por el Almirante Juan Carlos Romay y el Contraalmirante Carlos Sardiello (Cuarta Flota de EE. UU.), representa una capitulación del control soberano sobre el Atlántico Sur.

Según informó el U.S. Southern Command, el programa inicia con un gesto simbólico: “la entrega de una cámara especializada para patrullaje aéreo, que contempla la provisión de equipos avanzados, entrenamiento de élite y, fundamentalmente, apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas”.

Esto significa que no solo el Estado nacional estará obligado a compartir información, sino que las decisiones sobre qué barcos interceptar y qué amenazas "neutralizar" en el mar argentino, se decidirán en conjunto con una potencia extranjera.

El uso del término "Bienes Comunes Globales" es una afrenta directa a la soberanía nacional. En el Derecho Internacional este concepto suele aplicarse a la Antártida o a las aguas internacionales, pero al aplicarlo a la Zona Económica Exclusiva Argentina, el Gobierno está aceptando que el mar ya no es un recurso exclusivo de los habitantes sino un área bajo "protección" extranjera.

Detrás de las hipótesis de vigilancia contra el narcotráfico o la pesca ilegal, se esconde el control sobre la ruta bioceánica y la proyección hacia la Antártida, intereses que el Comando Sur nunca ha ocultado durante años.

Este acuerdo se conoce apenas horas después de que se confirmara el recorte de $46.000 millones en programas de alistamiento operativo de las Fuerzas Armadas argentinas. La contradicción es planificadamente perversa. 

El Gobierno cancela la compra de helicópteros navales para Puerto Belgrano y deja a las bases y unidades, sin presupuesto para pagar la electricidad, el gas y los alimentos del personal en los cuarteles.

Al vaciar de recursos -unos $15.220 millones solo a la Armada Argentina-, el Ejecutivo crea la "necesidad" de aceptar el equipamiento y la "tutela" del Comando Sur. 

Esto implica un modelo del abandono por diseño: un plan de asfixia material a las propias fuerzas para que no tengan otra opción que ser una pieza auxiliar de un ejército extranjero.

Mientras el Comando Sur celebra esta "alianza estratégica" para "fortalecer la seguridad regional", no hay una sola mención a la principal amenaza para la paz y la seguridad en el hemisferio: la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas.

Mientras se permite que Gran Bretaña militarice el archipiélago y saquee los recursos argentinos, el pacto Romay-Sardiello no frena el colonialismo; sino a consolidar un esquema donde Estados Unidos vigila lo que Argentina ya no puede patrullar por falta de presupuesto. 

Este "Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales / Protecting Global Commons Program", es el nombre diplomático de la entrega, convirtiendo al Atlántico Sur en un protectorado de Washington hasta 2030.

Fuente: Agenda Malvinas.