País > Mega infraestructura
La empresa Jan De Nul lidera la licitación por la concesión de la Hidrovía
El Gobierno nacional abrió las ofertas económicas de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la empresa belga Jan De Nul quedó mejor posicionada para adjudicarse la concesión.
POR REDACCIÓN
La licitación internacional para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en su etapa decisiva y la empresa belga Jan De Nul quedó como principal candidata para quedarse con la administración de la vía navegable troncal más importante de la Argentina. La definición se conoció luego de la apertura de las ofertas económicas realizada este martes por el Gobierno nacional.
La compulsa enfrenta a dos gigantes internacionales del dragado: Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, y la también belga DEME. Ambas compañías habían superado previamente las etapas técnicas de evaluación y llegaron habilitadas a la instancia final del proceso licitatorio.
Según trascendió, Jan De Nul presentó una propuesta económica más competitiva, lo que la dejó mejor posicionada para obtener la concesión por los próximos 25 años, con posibilidad de extensión. El esquema contempla la operación, mantenimiento, dragado, señalización y cobro de peajes sobre la vía navegable.
La Hidrovía es considerada estratégica para la economía argentina y regional, ya que por ese corredor fluvial circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. Además, conecta puertos de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay con el océano Atlántico.
El pliego licitatorio prevé ingresos estimados en alrededor de 15.000 millones de dólares durante todo el período de concesión, financiados mediante el cobro de peajes a buques y barcazas que utilizan la traza fluvial. El promedio anual proyectado ronda los 618 millones de dólares.
La licitación, sin embargo, estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos políticos y denuncias de irregularidades. Desde distintos sectores opositores y organismos de control se advirtió sobre posibles falencias en los mecanismos de transparencia, la evaluación de ofertas y la ausencia de estudios ambientales completos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que el nuevo proceso fue rediseñado tras el fracaso de la licitación anterior y que cuenta con supervisión internacional para garantizar mayores estándares de transparencia y competencia.