Jueves 26 de Marzo
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Política > Acalorado

La Ley de Glaciares entró en segunda audiencia y hay plan para sesionarla el 8 de abril

La Cámara de Diputados realiza la segunda audiencia pública en medio de fuertes críticas de la oposición. El oficialismo busca acelerar el tratamiento y llevar el proyecto al recinto el 8 de abril.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, participó de la audiencia y rechazó los cambios a la Ley de Glaciares. (Foto Cámara de Diputados)

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares continúa este jueves con la segunda audiencia pública en la Cámara de Diputados, en un clima de fuerte tensión política y cuestionamientos por la modalidad de participación. El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento y llevar el proyecto al recinto el próximo 8 de abril.

La jornada se realiza de manera virtual desde las 10 y forma parte de una instancia que ya dejó polémica en su primer día, donde más de 190 expositores se pronunciaron a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado desde febrero. 

Desde la oposición denunciaron irregularidades en el proceso, especialmente por la limitación en la participación de oradores y la falta de հրապարակidad en los listados, lo que generó acusaciones cruzadas y advertencias de una posible judicialización si el proyecto avanza.

El trasfondo del debate es la modificación de la ley vigente, que establece la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua. La reforma propone cambios en la definición de áreas protegidas y otorga mayor poder a las provincias para decidir sobre la actividad productiva en zonas periglaciares.

En paralelo, el oficialismo ya definió una hoja de ruta legislativa. Tras la audiencia de este jueves, buscará firmar dictamen en comisiones el 31 de marzo y avanzar rápidamente hacia la votación en el recinto, con la intención de sancionar la ley sin cambios respecto al texto aprobado en el Senado. 

El debate se da en un contexto de alta sensibilidad ambiental y presión de distintos sectores, desde organizaciones ecologistas hasta la industria minera, que reclaman definiciones claras sobre el alcance de la norma y sus implicancias económicas. 

Mientras tanto, desde distintos bloques opositores anticipan que, en caso de aprobarse, el proyecto podría ser llevado a la Justicia por considerar que vulnera principios ambientales y limita la participación ciudadana en decisiones clave.

La discusión continuará en los próximos días y se encamina a una definición clave en abril, en medio de un escenario político marcado por la urgencia del oficialismo y la resistencia de sectores que advierten sobre el impacto de la reforma.

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