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El Gobierno busca aprobar la reforma laboral antes de fin de año
El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para diciembre y apuesta a ordenar el diálogo político para impulsar cambios que reduzcan litigios y modifiquen indemnizaciones sin topes, mientras se negocian detalles clave con gremios y empresarios.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional aceleró la convocatoria a sesiones extraordinarias para avanzar en la aprobación de la reforma laboral, con la meta clara de lograr su aprobación antes de que finalice el 2025. En este marco, se definió que la senadora Patricia Bullrich presidirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social durante el debate en el Senado.
Las sesiones extraordinarias, previstas para desarrollarse entre el 10 y el 30 de diciembre, comenzarán con el tratamiento de los proyectos de Presupuesto y de Inocencia fiscal, pero el foco principal está puesto en la reforma laboral, que es considerada una de las prioridades del oficialismo para esta etapa legislativa.
Desde el Gobierno destacan que Bullrich liderará los debates específicos sobre la reforma y, una vez aprobada la ley y finalizadas las sesiones extraordinarias, renunciará a la presidencia de esa comisión. Además, se espera que en este período se constituyan las comisiones especiales para abordar los distintos temas que el Ejecutivo enviará al Congreso.
En cuanto al diálogo político, la Casa Rosada sostiene que ahora cuenta con interlocutores claros para avanzar en las negociaciones: "Bullrich hablará con los senadores, Martín Menem con los diputados, Diego Santilli con los gobernadores. Y si hay pedidos, se derivarán al área que corresponda (Economía, Jefatura de Gabinete, etc.)". Esto representa un intento de ordenar la negociación para facilitar el tratamiento legislativo.
El proyecto de reforma laboral, que se encuentra en su versión final, tiene como uno de sus ejes principales la reducción de los costos que enfrentan las empresas al momento de despedir personal, especialmente en lo que respecta a las indemnizaciones. En particular, las pequeñas y medianas empresas han manifestado preocupación por las "exorbitantes" indemnizaciones que en algunos casos establecen ciertos jueces.
Sin embargo, aclararon que no se pretende establecer topes en el pago indemnizatorio, que continuará siendo de un sueldo por año de antigüedad. En cambio, se buscará "clarificar muchos elementos de la ley de Contrato de Trabajo que reducen la arbitrariedad del juez a la hora de establecer los montos indemnizatorios", según explicó una fuente oficial.
Además, la reforma contempla invertir la carga de la prueba en casos de daños y perjuicios, de modo que el trabajador deberá demostrar que realmente sufrió un daño. También se establecerá un criterio para actualizar los montos indemnizatorios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un 3% de tasa de interés anual.
Otra expectativa del Gobierno es que la reforma laboral fomente el crecimiento del empleo, especialmente en regiones menos desarrolladas, donde se podrían establecer salarios relativos inferiores a los de zonas más evolucionadas. Según estimaciones oficiales, esta medida podría aumentar la ocupación hasta en un 17% en el noroeste argentino.
En materia sindical, se confirmó que los gremios mantendrán las cajas sindicales, lo que se considera una concesión clave para avanzar en la aprobación de la reforma. No obstante, persisten resistencias, como la expresada por Gerardo Martínez, quien ratificó su rechazo a la iniciativa tras una reunión con Santiago Caputo.
El Gobierno también maneja la posibilidad de continuar con el tratamiento en enero de 2026 si no se logra concluir el debate en diciembre, aunque la intención es cerrar el acuerdo antes del fin de año. Paralelamente, se desarrollan otros proyectos relacionados, como la iniciativa para una tasa de referencia del Banco Central para intereses de mora.