Estiman que el río San Juan perdió un 50% de su caudal en la última década

El río San Juan perdió la mitad de su caudal en la última década y encendió una señal de alarma sobre el futuro hídrico de la provincia. Así lo advierte el Sexto Informe Técnico de Coyuntura elaborado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (Cigiaa), que expone con datos concretos una caída sostenida del recurso y plantea que la crisis ya no es solo climática, sino también estructural.

Según el documento, el caudal promedio del río en los últimos diez años se redujo en un 50% respecto de los valores históricos registrados desde comienzos del siglo XX. Este dato resume el impacto de una sequía prolongada que ya es catalogada como “mega-sequía” en la región árida del oeste argentino.

El informe ubica el ciclo 2025/2026 entre los más críticos: el derrame estimado se sitúa entre 531 y 614 hectómetros cúbicos, muy por debajo de los 950 hm³ proyectados inicialmente y lejos de los niveles considerados normales para sostener el sistema productivo y el consumo humano.

Una caída sostenida que cambia el escenario

Lejos de tratarse de un año excepcional, el informe advierte que la reducción del caudal es parte de una tendencia de largo plazo. En las últimas dos décadas, los registros muestran una disminución constante asociada a menores precipitaciones níveas y al retroceso de glaciares en la cordillera.

En ese contexto, los embalses de la provincia —Caracoles, Punta Negra y Ullum— ya no alcanzan a compensar la caída natural del recurso. Incluso, el sistema se encuentra por debajo de niveles de seguridad operativa, con el dique Ullum en una situación que compromete la toma de agua potable.

El documento es claro: los diques almacenan y regulan, pero no generan agua. Sin un ingreso suficiente, las reservas acumuladas en años anteriores se agotan rápidamente.

Impacto directo en la producción y el consumo

La caída del caudal tiene consecuencias inmediatas. Por un lado, obliga a reducir la entrega de agua para riego, con recortes que pueden ir del 5% al 18% según los escenarios analizados. Por otro, presiona sobre el sistema de agua potable, que depende en gran parte de estos recursos.

El sector agrícola aparece como uno de los más afectados. Los productores enfrentan períodos más largos de “corta” y menores volúmenes disponibles, lo que impacta en la productividad y en los costos. Aquellos que recurren a perforaciones deben extraer agua subterránea a mayor profundidad, con mayor gasto energético y menor calidad.

A la par, el informe advierte sobre el deterioro del acuífero del Tulum, reserva estratégica de la provincia. En algunas zonas, los niveles descienden hasta tres metros por año, mientras aumentan problemas de salinidad y contaminación.

Un modelo en discusión

Más allá de los factores climáticos, el trabajo pone el foco en el sistema de gestión del agua. Señala que el modelo actual —centralizado y basado en la oferta— no logra adaptarse a un escenario de escasez estructural.

Entre los principales problemas, se destaca la baja eficiencia del riego superficial, que no supera el 20%, cuando debería ubicarse por encima del 60%. Esto implica que gran parte del agua derivada no llega a ser utilizada de manera efectiva.

Además, la distribución uniforme sin considerar cultivos o necesidades específicas, sumada a limitaciones legales, reduce la flexibilidad del sistema y obliga a muchos productores a depender del agua subterránea.

Una crisis que excede lo climático

El informe concluye que la situación actual es el resultado de dos procesos combinados: una sequía persistente y un modelo de gestión que no evolucionó al ritmo de los cambios ambientales.

En esa línea, advierte que lo que está en juego no es solo la disponibilidad de agua, sino también la sostenibilidad del sistema productivo, el equilibrio ambiental y el abastecimiento para la población.

Qué plantean como salida

Frente a este escenario, el Cigiaa propone un cambio de paradigma. Entre las principales recomendaciones, plantea avanzar hacia una gestión basada en la demanda real, con planificación plurianual y mayor previsibilidad.

También sugiere descentralizar el sistema, fortalecer a las juntas de regantes, modernizar la infraestructura y mejorar el control sobre el uso del agua subterránea.

El objetivo es claro: adaptarse a un contexto donde el agua ya no sobra. La caída del 50% del caudal del río San Juan no es un dato aislado, sino una señal de un cambio profundo que obliga a repensar cómo se gestiona uno de los recursos más críticos de la provincia.