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Zona Fría: qué cambiará con el nuevo esquema de subsidios al gas
El proyecto ya tiene media sanción en Diputados y propone restringir los subsidios al gas solo a hogares vulnerables y zonas de clima extremo. En algunas ciudades, las facturas podrían aumentar hasta un 100%.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional impulsa una reforma del régimen de Zona Fría que podría modificar de manera significativa los subsidios al gas natural en gran parte del país. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado, propone restringir el beneficio únicamente a regiones de clima extremo y a hogares considerados vulnerables.
De aprobarse la iniciativa, alrededor de 1,2 millones de usuarios perderían el descuento tarifario incorporado tras la ampliación del régimen en 2021. La medida afectaría principalmente a hogares de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.
Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir el gasto público y avanzar hacia un esquema de subsidios más focalizado. De acuerdo con estimaciones oficiales, el ahorro fiscal alcanzaría los $272.099 millones.
Qué cambiaría con el nuevo esquema
La propuesta mantiene el beneficio pleno para la Región Patagónica, la zona de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, considerados sectores históricamente alcanzados por condiciones climáticas severas.
En cambio, en las regiones incorporadas al régimen durante la ampliación de 2021, el subsidio quedaría reservado únicamente para usuarios residenciales que cumplan determinados criterios socioeconómicos.
Entre quienes podrían conservar el beneficio figuran hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, titulares del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, personas con Certificado Único de Discapacidad y veteranos de Malvinas.
Para el resto de los usuarios de esas zonas, el descuento desaparecería y comenzarían a pagar la tarifa plena del servicio.
Facturas con fuertes aumentos
Otro de los cambios centrales del proyecto es la modificación en la forma de aplicar el subsidio. Actualmente, el descuento impacta sobre gran parte de la factura final y oscila entre el 30% y el 50%, dependiendo de la región.
Con la reforma, la bonificación solo se aplicaría sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo considerablemente el alivio tarifario.
Según un informe del IERAL citado en el debate legislativo, los aumentos podrían ser significativos. En Bahía Blanca, por ejemplo, una factura promedio mensual pasaría de $19.945 a $39.890 para un usuario residencial categoría R2-2, lo que representa una suba del 100%.
En los hogares vulnerables que continúen dentro del nuevo esquema focalizado, el incremento sería menor, cercano al 22%. En la denominada “zona fría histórica”, donde el subsidio se mantendría parcialmente, las subas rondarían el 20%.
Para usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el régimen nunca fue aplicado, no habría modificaciones tarifarias.
Qué provincias perderían el beneficio
La revisión propuesta excluiría del régimen preferencial a 55 departamentos bonaerenses, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y otros 8 de Santa Fe.
El Gobierno sostiene que la ampliación aprobada en 2021 incorporó regiones que no presentan temperaturas extremas y que el sistema actual se volvió “fiscalmente insostenible”.
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar el mayor consumo de gas en regiones de bajas temperaturas. Sin embargo, la expansión impulsada hace cinco años elevó la cantidad de beneficiarios desde 950.000 a cerca de 4 millones de hogares, equivalentes a casi la mitad de los usuarios de gas por red del país.
Debate por el impacto social
Especialistas advierten que la transición hacia el nuevo esquema podría provocar aumentos abruptos en las facturas para sectores medios que quedarían excluidos del beneficio.
El informe del IERAL recomienda aplicar mecanismos de gradualidad y contemplar criterios combinados de clima, ingresos y consumo para evitar efectos regresivos y posibles exclusiones injustificadas.
Mientras tanto, el proyecto continúa en discusión en el Congreso y su aprobación definitiva dependerá ahora del tratamiento en el Senado.