El Gobierno lanzó una licitación por $121.316.000 para la compra de materiales destinados a adaptar sanitarios en hogares de personas con discapacidad.

Una mujer expuso que una Jueza de Paz dictó una orden de desalojo para febrero. La demandante se encarga de sus hijos, su madre enferma y también de su sobrino con incapacidad.

Los profesionales kinesiólogos que se dedican a la rehabilitación de discapacitados analizan suspender la atención médica por la gran demora en los pagos.

Se mudan los juzgados Laborales y los de Familia.