Ambiente labró un acta y evalúa una multa por el basural en Chimbas

Tras la clausura de un basural clandestino en el departamento de Chimbas y en medio de la conmoción social generada por el fallecimiento de quien gestionaba el predio, el subsecretario de Ambiente de San Juan, Héctor Bustamante, brindó precisiones a DIARIO HUARPE sobre la intervención provincial y el encuadre administrativo del caso.

El funcionario centró sus explicaciones en la distribución de competencias entre los municipios y la provincia en materia de residuos, un punto que —según remarcó— suele generar confusión en la comunidad, especialmente a partir de las denuncias públicas realizadas por vecinos en este medio.

La competencia primaria es municipal

Bustamante fue categórico al señalar que la gestión de los residuos sólidos urbanos dentro de cada territorio es responsabilidad directa de los municipios. “En cualquier municipio del país, la gestión de los residuos sólidos dentro del territorio municipal es competencia y materia propia de los municipios”, explicó.

En esa línea, indicó que la Municipalidad de Chimbas tenía conocimiento previo de la situación en el predio cuestionado. Para contextualizar el esquema vigente, recordó la implementación del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Pegirsu), impulsado durante la gestión de José Luis Gioja.

Ese programa se consolidó mediante un convenio entre los municipios adheridos a la Ley 1114 y el Gobierno provincial. Bajo ese esquema, la Provincia asumió la responsabilidad de generar infraestructura para el tratamiento de residuos, lo que permitió la creación del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), en Rivadavia, que actualmente procesa cerca del 90% de los residuos del Gran San Juan.

Sin embargo, el compromiso municipal —según detalló Bustamante— no se limita al traslado de los residuos hacia la planta provincial. También implica la gestión integral dentro de su territorio y, especialmente, la custodia para evitar la proliferación de basurales clandestinos y escombreras. “El objetivo final del programa es erradicar estos focos de contaminación”, subrayó.

La intervención provincial tras las denuncias

Si bien la competencia primaria es municipal, la Secretaría de Ambiente decidió intervenir a partir de las denuncias públicas realizadas por vecinos de Chimbas. Según explicó Bustamante, los habitantes acudieron a la cartera ambiental provincial antes de la denuncia pública de los vecinos en DIARIO HUARPE, en busca de apoyo y una solución definitiva ante una problemática que se extendía en el tiempo.

Esa presentación motivó que la Subsecretaría de Residuos realizara una inspección en el lugar. Como resultado, se labró un acta de infracción por “vertido indebido”. Paralelamente, el secretario de Ambiente, Federico Ríos, recibió a los vecinos en su despacho.

Bustamante destacó que los afectados reconocían esfuerzos municipales previos, aunque también advertían dificultades operativas para dar una respuesta de fondo. Finalmente, tras un trabajo coordinado entre organismos, el municipio procedió a la clausura del predio el viernes pasado.

Acta y posible multa

Respecto del estado actual del expediente, el subsecretario aclaró que la clausura municipal no detiene el trámite iniciado por la Provincia. El acta de infracción continúa su curso administrativo, y el presunto infractor dispone de diez días hábiles administrativos para presentar su descargo, contados desde la notificación efectuada la semana pasada.

Consultado sobre el impacto del fallecimiento del gestor del predio, Bustamante explicó que las actuaciones administrativas suelen dirigirse contra la empresa o persona jurídica responsable, más que contra una persona física en particular. No obstante, reconoció que es probable que la firma solicite la suspensión de los plazos legales ante la situación, pedido que sería evaluado por la repartición.

En cuanto a las posibles sanciones, indicó que, dado que la clausura ya fue concretada por el municipio, una segunda clausura provincial carecería de sentido práctico. Por ello, el eje del proceso se orienta a la eventual aplicación de una multa pecuniaria.

El monto se determinará en unidades tributarias, luego de analizar el descargo y garantizar el derecho de defensa. “El hecho es palpable y evidente, tenemos a todos los vecinos como testigos, las pruebas en imágenes, pero hay que ir deslindando las responsabilidades de cada quien”, sostuvo.

Una responsabilidad compartida

Bustamante concluyó remarcando que la gestión ambiental es una responsabilidad interinstitucional. “Las cuestiones ambientales no dependen de un solo organismo”, afirmó. En su visión, la Secretaría de Ambiente necesita del accionar coordinado con los municipios para que las políticas de control y prevención sean efectivas.

El caso de Chimbas, más allá de su desenlace administrativo, deja en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control territorial y de articulación entre jurisdicciones para evitar la reaparición de sitios de vertido no autorizados, que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el ambiente.