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Judiciales > Abuso sexual

Caso Vélez: la denunciante habló de hostigamiento y filtraciones para quebrarla

La periodista tucumana que denunció una violación grupal se presentó ante la fiscalía y afirmó que es víctima de una campaña de escarnio impulsada por la defensa de uno de los imputados.

POR REDACCIÓN

Hace 9 horas
Los cuatro jugadores de Vélez fueron denunciados por abuso sexual (Foto: José Inesta/TN)

La joven periodista tucumana que en marzo de 2024 denunció haber sido violada por cuatro jugadores de fútbol vinculados al club Vélez Sarsfield se presentó de manera espontánea ante la fiscal Adriana Reinoso Cuello y denunció una campaña sistemática de hostigamiento, filtraciones de prensa y escarnio público que, según afirmó, busca quebrarla psicológicamente y empujarla a quitarse la vida.

Durante su declaración, la mujer de 26 años se quebró emocionalmente y aseguró atravesar un cuadro extremo de sufrimiento. “Pienso a cada momento en terminar con todo”, expresó ante la fiscalía, al tiempo que sostuvo que la investigación dejó de enfocarse en el abuso sexual agravado ocurrido en una habitación del Hotel Hilton para centrarse en su vida privada, sus vínculos y su credibilidad como denunciante.

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“Señora fiscal, no puedo más”, declaró, y afirmó que el proceso penal se transformó en una forma de tortura psicológica. Según su testimonio, la exposición mediática, sumada a las maniobras judiciales de las defensas, deterioró gravemente su salud mental y su vida personal y profesional.

En uno de los pasajes más duros de su relato, la joven describió las secuelas que padece desde el hecho denunciado. Dijo sentir pánico ante situaciones vinculadas a su cuerpo, ansiedad extrema y rechazo frente a la posibilidad de mantener relaciones sexuales. Además, afirmó haber perdido su prestigio profesional como periodista y sentir que su proyecto de vida quedó truncado.

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Un informe psicológico oficial incorporado al expediente respalda este cuadro. Allí se le diagnosticó Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), con altos niveles de ansiedad, depresión e ideación suicida, además de una afectación profunda en su autoconcepto y en su vida sexual como consecuencia del trauma.

La estrategia del escarnio público
La querella, a cargo de la abogada Patricia Neme, denunció que la defensa del imputado José Ignacio Florentín Bobadilla cruzó límites éticos y legales. Según la presentación, los abogados impulsaron una denuncia paralela contra la víctima y sus testigos, que fue filtrada de inmediato a un medio digital local con el objetivo de generar impacto mediático y desacreditarla.

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Esa maniobra incluyó la difusión del nombre completo de la denunciante, chats privados y la construcción de una supuesta organización criminal inexistente, lo que —según la víctima— tuvo como finalidad someterla a un escarnio público sostenido. La joven sostuvo ante la fiscal que estas acciones buscan empujarla “hacia el suicidio”.

La presión también alcanzó a su entorno. Relató que varias amigas y testigos clave se alejaron luego de sufrir allanamientos y el secuestro de sus teléfonos celulares, lo que destruyó vínculos personales fundamentales para su contención emocional.

En su declaración, la denunciante cuestionó la pasividad del Ministerio Público Fiscal frente a lo que considera una revictimización constante. Aseguró que se permitió que fuera públicamente injuriada, tratada de mentirosa y sometida a acusaciones falsas, incluso vinculándola con delitos graves que, según remarcó, nunca existieron.

Pedido de medidas urgentes
En el escrito presentado, la querella solicitó la detención de Florentín Bobadilla por entorpecimiento de la investigación y por violar las restricciones de acercamiento a través del hostigamiento denunciado.

Al cierre de su declaración, visiblemente afectada, la joven remarcó que existen pruebas objetivas del abuso denunciado, entre ellas lesiones constatadas, material genético y elementos secuestrados. Cuestionó que, pese a ese cuadro probatorio, la causa aún no haya sido elevada a juicio y se preguntó cuántas víctimas más deben sufrir para que el sistema judicial actúe.

“¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que las instituciones funcionen?”, concluyó ante la fiscalía, en un cierre cargado de angustia que dejó expuesta la gravedad del caso y del proceso judicial en curso.

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