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Cinco meses después, los argentinos aún no pueden usar dólares sin declarar
El plan colchón, anunciado en mayo por el Gobierno para que los argentinos pudieran usar los dólares que tenían sin declarar, no logró avanzar como se esperaba.
POR REDACCIÓN
A cinco meses del anuncio del denominado plan colchón, los argentinos aún no pueden utilizar plenamente los dólares que poseen sin declarar, a pesar de la intención del Gobierno de facilitar el uso de esos fondos para compras de bienes y servicios. La iniciativa fue promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, bajo la premisa de que no habría persecución a los contribuyentes.
En la práctica, la implementación se vio obstaculizada por bancos que siguen solicitando certificados y declaraciones voluntarias sobre el origen de los fondos, a pesar de que la Unidad de Información Financiera (UIF) y ARCA flexibilizaron los regímenes de información y documentación. Caputo instó a los contribuyentes a no entregar documentación innecesaria, advirtiendo que tomarán medidas para que se respeten las nuevas normas.
El principal impedimento para que la iniciativa funcione de manera integral es la falta de aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que debía brindar seguridad jurídica a quienes retiren los dólares del colchón sin riesgo de sanciones penales o tributarias. El proyecto del Gobierno buscaba cambios en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y un Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Expertos tributarios destacan que el plan tiene dos etapas: la primera, ya vigente, es la eliminación de los umbrales de información de ARCA; la segunda requiere la ley aprobada en el Congreso para otorgar completa seguridad jurídica. Sin esa normativa, la medida pierde eficacia.
El avance legislativo se complicó además porque la oposición aprobó en agosto un proyecto alternativo de los diputados Ricardo López Murphy y Oscar Carreño, que modificó parcialmente el Régimen Penal Tributario. Mientras tanto, funcionarios del Ministerio de Economía intentan incorporar las disposiciones faltantes, pero no cuentan con los votos necesarios en el Senado.
Fuentes oficiales indicaron que la iniciativa sigue siendo prioridad para el equipo de Pazo, aunque no hay una fecha definida para su concreción. Según especialistas, el proyecto oficial es más completo que el de la oposición, porque contempla medidas técnicas y sanciones monetarias antes que denuncias penales, buscando un marco seguro para que los contribuyentes puedan usar sus dólares guardados.