Continúan las amenazas de matanzas en escuelas y las jurisdicciones establecen sus protocolos propios

Sin un criterio nacional homogéneo, los gobiernos provinciales y sus respectivas carteras de educación, determinarán diversos protocolos y controles que van desde inspecciones de mochilas hasta allanamientos en domicilios. Esta política fragmentaria se viene discutiendo ante la ola de amenazas de tiroteos en los establecimientos escolares, que por redes sociales se difunden, continúa generando preocupación en familias, estudiantes, docentes y autoridades de las instituciones afectadas. 

Ante este panorama, las clases no se suspendieron en ninguna de las escuelas donde se producen tales amenazas. 

En Salta, por ejemplo, se reforzaron los controles de ingreso: en un colegio se revisaron más de cuatrocientas mochilas. Por esta misma medida, muchos estudiantes asistieron sin mochila a la escuela para evitar demoras en el ingreso. En Tucumán se establecieron guardias policiales en las puertas de los edificios. 

En Puerto Madryn realizaron dos allanamientos contra dos adolescentes de dieciséis años en el marco de una causa por intimidaciones. El Ministerio de Educación de Misiones lanzó un plan de comunicación para fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo. Así, difundirán materiales específicos destinados a familias, equipos directivos y docentes.

La provincia que está en una situación más crítica es Santa Fe, donde hace menos de un mes un joven llevó un arma y disparó múltiples veces en su secundaria de la localidad de San Cristóbal. Allí, las amenazas requieren de intervención inmediata policial. 

Este lunes, en la escuela N° 869 Julio Roca, ubicada en la Ruta 1 kilómetro 4, se encontró una inscripción amenazante a la mañana y un cartucho de escopeta dentro de uno de los baños. Antes de que comenzara el turno tarde, la policía recabó pruebas en el lugar. En la misma jornada, se encontró en la escuela santafesina N°331 Almirante Brown una bala calibre 22.

En tanto, la Dirección General de Escuelas de Mendoza comunicó que fueron más de cien los colegios amenazados, que tendrán custodia policial. La Dirección prohibió las mochilas y ordenó que los estudiantes lleven sus útiles en la mano. Además, la guardia policial se volvió costumbre. Miembros de la comunidad educativa advierten que tras las amenazas de la semana pasada aumentó el ausentismo.

Si llevan vianda o ropa para cambiarse, tendrán que hacerlo en una bolsa transparente y serán revisados. Daniela García, jefa de gabinete de la Dirección General de Escuelas de Mendoza: "Hay chicos con ataques de pánico y ansiedad, que no quieren asistir a clases, ya que esto pasó de ser un juego a ser una situación preocupante y delicada".

En la vecina provincia hay tres personas imputadas por la ola de amenazas: un adolescente de 17, acusado del delito de intimidación pública en calidad de autor por haber llevado una réplica de un arma de fuego a la escuela; su mamá, quien lo habría incitado a llevarla, y otro adolescente que había publicado una fotografía en redes sociales con un mensaje amenazante mostrando una réplica de un arma.

García advirtió: "Tenemos más estudiantes identificados con las amenazas, habrá más imputaciones y sanciones a los padres, como responsables de sus hijos". También explicó que las amenazas son parte de un reto viral. 

Ante este panorama, la pregunta que corre internamente es hasta qué punto es correcto tanto control con fines de sanción. Una vez que se avisa a la policía, el protocolo hace que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal intervengan para “buscar aplicar sanciones penales” a quienes hayan amenazado. 

Según el artículo 1754 del Código Civil mendocino, los padres son responsables solidarios de los daños que realicen sus hijos en la escuela y deben cubrir el costo económico de los actos.