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Criminalización y despojo tras la detención de un líder Mbya
La detención de Santiago Ramos en Puente Quemado II expone el avance de las forestales y el desamparo legal indígena tras la derogación de la Ley 26.160.
El lunes 5 de mayo, la localidad de Garuhapé se convirtió en el escenario de un nuevo capítulo de tensión territorial en la provincia de Misiones. La detención de Santiago Ramos, Mburuvicha (líder) de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, no fue un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de una política de criminalización que avanza sobre los pueblos originarios. Ramos fue arrestado en el marco de una causa por supuesta “usurpación”, una acusación que las organizaciones sociales califican de absurda, dado que recae sobre tierras ancestrales que ya habían sido relevadas bajo el amparo de la Ley 26.160.
Un operativo bajo la lupa judicial
El procedimiento, ordenado por el juez de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, ha sido denunciado por su falta de garantías legales. Según los testimonios recolectados, la orden se habría emitido mediante un llamado telefónico a la comisaría, sin notificación previa, mientras el Mburuvicha se encontraba defendiendo el territorio de la comunidad. Lo que siguió fue un despliegue policial que no solo afectó a Ramos, sino a todo el núcleo comunitario.
Integrantes de la comunidad, incluyendo mujeres y niños, fueron trasladados a la dependencia policial en un operativo que incluyó la separación de grupos familiares y la toma de datos personales de menores. Durante el tiempo que permanecieron incomunicados, se les incautaron sus teléfonos celulares, dispositivos que —según denuncian desde la comunidad— contenían registros fotográficos del accionar policial y de las armas de fuego utilizadas durante el procedimiento.
El fin de la emergencia territorial
El trasfondo legal de este conflicto está marcado por un cambio drástico en la normativa nacional. Durante 18 años, la Ley 26.160 funcionó como un paraguas de protección, declarando la emergencia territorial y suspendiendo los desalojos de comunidades indígenas. Sin embargo, la reciente derogación de esta norma a través del Decreto 1083/2024 ha dejado a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad.
Esta reconfiguración legal ha profundizado las tensiones con propietarios privados y grandes empresas forestales. Sin el régimen de emergencia vigente, la justicia provincial ha comenzado a actuar con mayor celeridad en favor de los intereses empresariales. En el caso de Puente Quemado II, tras diez horas de detención, la comunidad fue liberada bajo una medida paradójica: una prohibición de acercamiento a su propio territorio ancestral, lo que es interpretado como un "desalojo encubierto".
Extractivismo y monocultivo de pino
La disputa en Puente Quemado II es, en esencia, una lucha contra el modelo extractivista forestal que domina el paisaje misionero. Ramos había denunciado públicamente el avance de los desmontes y la implantación de monocultivos de pino sobre áreas reclamadas por su comunidad. En sus denuncias, señaló directamente a grandes firmas como Arauco y a propietarios como Alfredo Ruff.
Para los Mbya, el problema no es solo la propiedad de la tierra, sino la destrucción del ecosistema. Los monocultivos, según denuncian, secan las fuentes de agua y destruyen la biodiversidad necesaria para su subsistencia ancestral. “El verdadero crimen es destruir la selva y perseguir a quienes la protegen”, sostienen desde las organizaciones que acompañan el reclamo, exigiendo que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Resistencia y mirada internacional
La detención de Ramos ocurrió apenas unos días después de que la situación de Puente Quemado II fuera presentada ante instancias internacionales de las Naciones Unidas. Organizaciones como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) y la Red Eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní sugieren que la acción judicial buscó amedrentar a la comunidad tras la visibilización internacional del conflicto.
A pesar de la presión judicial, la resistencia indígena se mantiene firme. La liberación de los detenidos fue posible gracias a la movilización de organizaciones ambientales, de derechos humanos e indígenas que repudiaron el accionar del juez Balanda Gómez. No obstante, con la causa por usurpación aún abierta y la prohibición de acercamiento vigente, el futuro de Puente Quemado II sigue siendo incierto en una provincia donde el monte nativo cede terreno frente al pino y la criminalización judicial