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Doble tragedia en 9 de Julio: elevan a juicio al conductor acusado de matar a dos personas
La investigación quedó cerrada tras la audiencia de control de acusación y el caso será elevado a juicio oral. El fiscal Sebastián Gómez adelantó que solicitarán 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para conducir.
La Justicia sanjuanina avanzó hacia la etapa de juicio en una de las causas viales más graves de los últimos años. El fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, confirmó que se cerró la investigación y que el caso contra Marcos Gabriel Pereyra será elevado a debate oral por la muerte de dos personas y las lesiones graves de una tercera, en un siniestro ocurrido el 19 de enero en el departamento 9 de Julio.
Durante la audiencia de control de acusación, el Ministerio Público Fiscal expuso los elementos de prueba que sostendrán en juicio y formalizó el pedido de pena. “Se ha llevado a cabo la audiencia de control de acusación, ya próximo al debate, donde este Ministerio ha mencionado todo lo que entiende que se encuentra acreditado y los elementos con los cuales los va a probar en la etapa de juicio”, explicó Gómez. No hubo objeciones de la defensa a la prueba ofrecida, lo que permitió clausurar la etapa investigativa.
Sin acuerdo y con agravantes
La posibilidad de un juicio abreviado fue descartada. Según detalló el fiscal, la defensa pretendía una pena condicional, algo que fue rechazado de plano por la fiscalía. “La calificación cuenta con tres agravantes: el fallecimiento de dos personas, la conducción bajo sustancias y la culpa temeraria. Entendemos que corresponde una pena efectiva”, sostuvo.
Pereyra está imputado por homicidio culposo triplemente agravado y lesiones culposas agravadas, en perjuicio de Juan Alberto Torres Figueroa —quien murió en el acto—, Mirko Javier Aballay —amigo del acusado, fallecido tras el vuelco— y Vanesa Belén Ahumada, quien sobrevivió con heridas de gravedad.
Maniobras imprudentes y consumo de sustancias
Uno de los ejes centrales de la acusación es la conducta previa al impacto. Gómez fue enfático al describir el patrón de conducción del imputado: “Realizó muchas maniobras imprudentes, iba excedido en el consumo de sustancias y a gran velocidad. Hacía zigzag en una zona de curvas y contracurvas, no respetó la doble línea amarilla y perdió el control del vehículo”.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la camioneta invadió el carril contrario en la Ruta 183 y colisionó de frente contra un Volkswagen Gol. Testigos presenciales respaldan esa secuencia, señalando que el vehículo del imputado circulaba de forma errática varios metros antes del choque.
Las pericias toxicológicas incorporadas al expediente confirmaron la presencia de cocaína en el organismo del conductor, junto con cocaetileno, un metabolito que evidencia consumo simultáneo de alcohol y cocaína, combinación que potencia la alteración de las capacidades psicomotoras.
La mecánica de la tragedia
El impacto fue frontal y de extrema violencia. Torres intentó una maniobra evasiva hacia la banquina, pero no logró evitar la colisión. Murió en el acto. Su acompañante, Ahumada, resultó gravemente herida.
La segunda víctima fatal fue el propio acompañante del imputado. Aballay, que no llevaba cinturón de seguridad, salió despedido tras el vuelco de la camioneta y cayó a un canal de riego. La autopsia determinó que murió por asfixia por inmersión, lo que implica que aún estaba con vida tras el choque.
Para la fiscalía, la responsabilidad de Pereyra abarca la totalidad del resultado: “Violó el deber objetivo de cuidado y transformó su accionar en una negligencia total”, sostienen.
Situación procesal y pena solicitada
Actualmente, el acusado se encuentra en libertad, aunque sujeto a medidas cautelares. Si bien en una primera instancia se dictó la prisión preventiva, esa decisión fue revocada por un juez de Impugnación. Entre las restricciones vigentes figuran la prohibición de salir de la provincia, la obligación de presentarse ante la Justicia y la inhabilitación para conducir.
En la audiencia reciente, el fiscal reiteró estas medidas y anticipó la expectativa punitiva: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir.
“Entendemos que por la gravedad del hecho y los agravantes corresponde una pena efectiva”, concluyó Gómez.
Con la elevación a juicio ya encaminada, el próximo paso será el sorteo del tribunal que llevará adelante el debate oral, donde se definirá la responsabilidad penal del imputado en una causa que conmocionó a la provincia.