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Doce amenazas de bomba en lo que va del año, con la mayoría de autores menores de edad
El fiscal Ignacio Achem de la UFI Genérica reveló una alarmante estadística para San Juan: en lo que va del año, la provincia ha registrado 12 amenazas de bomba, siendo una gran mayoría de ellas protagonizadas por menores de edad, lo que plantea un desafío particular para la justicia y la comunidad.
POR REDACCIÓN
San Juan enfrenta un escenario preocupante en materia de seguridad, con un crecimiento notable de amenazas de bomba. Según declaraciones del fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, la provincia contabilizó doce de estos incidentes solo en el presente año. Un detalle que resalta en esta cifra es que "hay muchos que fueron menores de edad".
Achem explicó en radio Estación Claridad que la UFI Genérica se encarga de casos que involucran a personas mayores de edad. Para los incidentes protagonizados por menores, como el caso reciente de la amenaza de bomba al Centro Cívico, donde el presunto autor tiene 14 años, la causa pasa al Juzgado de Menores.
El fiscal enumeró varios de estos episodios, destacando que muchos involucraron a adolescentes. Por ejemplo, mencionó una amenaza en la escuela del barrio Hualilán, donde los autores tenían entre 16 y 17 años, y otra en una escuela del barrio Natania 15, también con un autor menor de edad. Asimismo, hizo referencia al caso de la escuela Antonio Torres, que se confundía con la Antonio de la Torre, provocando la evacuación de tres escuelas y tres procedimientos diferentes, cuyos autores también eran menores. Otros casos mencionados incluyen amenazas en el Hospital Rawson y en el espectáculo de Lali.
Achem señaló que, si bien existen "presunciones de sentido común" sobre el aumento de estas amenazas en épocas de exámenes o como "bromas", su rol es aplicar la ley. El fiscal destacó que la decisión de persecución penal cambió, y lo que "antes no se perseguía, ahora se empezó a perseguir". Para los adultos, aunque la ley prevé un rango de pena y medidas alternativas, el resolver una causa con una "supensión de escucha a pruebas" cuenta como antecedente, lo que implica que en un futuro proceso la responsabilidad resultaría en condena y no en otra multa. "Perjudica para adelante", afirmó.
Estos operativos conllevan costos significativos y variables. El operativo por la amenaza al Centro Cívico, por ejemplo, fue estimado en 4 millones de pesos, y requirió la movilización incluso de personal policial que estaba de licencia. La complejidad y el costo dependen de factores como la inmensidad del lugar o la cantidad de evacuaciones, como en el caso de tres escuelas o el hospital, donde el movimiento de seguridad fue mayor. Achem enfatizó que su unidad fiscal aporta las estadísticas y su experiencia, pero la activación de protocolos o la decisión sobre sanciones más duras no depende de ello.