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El Gobierno enviará agentes a la academia del FBI para profundizar en delitos
La medida se complementa con nuevas atribuciones para la Policía Federal, un canal de intercambio permanente con inteligencia estadounidense y tareas ampliadas en investigaciones de delitos complejos.
POR REDACCIÓN
El Gobierno anunció que enviará fuerzas federales y autoridades del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) a la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación firmado en Washington por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En la Casa Rosada indicaron que el objetivo es capacitar a los agentes del DFI, creado en junio para el abordaje de delitos complejos, y confirmaron que el viaje a Quantico, Virginia, será “en el corto plazo”.
Además del traslado de efectivos, el convenio prevé que instructores del FBI viajen a la Argentina para realizar entrenamientos en dependencias locales. Las áreas abarcan investigación criminal, análisis de inteligencia, técnicas de seguimiento y ciberseguridad, con el fin de fortalecer la respuesta nacional ante amenazas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y cibercrimen. El acuerdo incluye también la apertura de un canal de comunicación permanente entre ambas agencias.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), presidida por Sergio Neiffert, participó en la firma de los convenios, centrados en el intercambio técnico y la asistencia mutua. La preocupación central del área es la Triple Frontera, donde se renovaron los equipos de espionaje que operan en los controles fronterizos.
En paralelo, el Gobierno amplió las facultades del DFI en el marco de la reforma de la Policía Federal Argentina. La nueva normativa, basada en modelos del FBI estadounidense y de la Policía Federal de Brasil, modificó la Ley Orgánica 21.965 para definir como funciones de la fuerza la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, y la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales.
Entre los cambios más relevantes, el Ejecutivo habilitó al DFI a realizar tareas de prevención de delitos en espacios públicos digitales (como redes sociales) sin requerir orden judicial, y autorizó detenciones sin mandato previo en casos donde existan indicios de actividad delictiva, con un plazo máximo de demora de diez horas. También se dispusieron facultades para efectuar requisas personales y revisar vehículos, aeronaves y embarcaciones cuando exista presunción fundada de riesgo o intento de ocultar elementos vinculados a delitos.