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El Gobierno suspendió las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Aunque promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, el Gobierno suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos. Ambas normas representan un costo fiscal superior a 1,2 billones de pesos.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, decidió suspender inmediatamente su aplicación por falta de asignación presupuestaria. Ambas normas habían sido ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras el rechazo a los vetos presidenciales.
La postura del Ejecutivo establece que la puesta en marcha de estas normativas queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento específicas. El fundamento legal se encuentra en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 sobre ejecución del gasto público. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había señalado previamente que el Parlamento omitió indicar la manera en que deben financiarse las erogaciones que estas leyes implican.
Los cálculos oficiales estiman que la Ley 27.795 de financiamiento universitario tendría un costo de 1,07 billones de pesos para el año 2025, superando los 2 billones para 2026. Por su parte, la Ley 27.796 de emergencia pediátrica, que declara la emergencia sanitaria y establece al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional, tendría un costo fiscal estimado en 196.270 millones de pesos.
El decreto de promulgación advierte que el Ministerio de Salud ya presenta un déficit de 102.400 millones de pesos. La implementación de la emergencia pediátrica sin fuentes de financiamiento claras implicaría, según el Ejecutivo, desfinanciar programas esenciales como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o los programas de prevención de enfermedades. La Procuración del Tesoro ya había alertado que intentar ejecutar la ley universitaria sin recursos sería incompatible con la normativa vigente y podría generar responsabilidad funcional.