Homeschooling: cómo funcionaría la educación en casa en el proyecto de Milei

El gobierno del presidente Javier Milei presentó al Congreso un extenso proyecto de reforma del sistema educativo denominado Ley de Libertad Educativa. Entre sus disposiciones más novedosas se encuentra el reconocimiento formal de la educación en el hogar, también conocida como homeschooling. Esta modalidad, que hasta ahora carecía de un marco legal explícito en el país, obtendría por primera vez un estatus regulado dentro del Sistema Nacional de Educación.

Qué se entiende por homeschooling en el proyecto

El proyecto de ley define a la educación en el hogar dentro del capítulo dedicado a las “formas alternativas de enseñanza”. Según el artículo 49, se trata de la “Educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas”. En términos simples, significa que los padres o tutores legales pueden asumir directamente la responsabilidad de educar a sus hijos, sin que estos asistan regularmente a una escuela.

A esta definición se le suma la “Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje”, que contempla el uso de plataformas digitales y programas de estudio en línea, incluso aquellos ofrecidos por instituciones radicadas en el exterior. Ambas modalidades son presentadas como opciones válidas para cumplir con la obligación escolar.

Cómo funcionaría el sistema paso a paso

Si el proyecto se convierte en ley, las familias que opten por educar a sus hijos en casa deberán seguir un procedimiento establecido.

El primer paso, detallado en el artículo 51, es la inscripción del estudiante en un registro oficial que cada provincia deberá crear y mantener. Este trámite está pensado para ser sencillo y no invasivo. La ley especifica que debe realizarse “sin controles invasivos de la vida familiar ni sobre la orientación pedagógica elegida”. El objetivo es que el Estado sepa qué niños están siendo educados bajo esta modalidad, pero sin interferir en las decisiones educativas de la familia.

Una vez inscritos, las familias gozarían de una amplia libertad pedagógica, conforme al artículo 50. Esto significa que son los padres quienes eligen los métodos de enseñanza, los materiales didácticos, el ritmo de aprendizaje y el entorno educativo. No se exige que los padres tengan una titulación docente específica, ni que sigan un plan de estudios preaprobado por las autoridades.

La piedra angular del sistema de control estatal es la evaluación. Para que los aprendizajes realizados en el hogar tengan validez oficial, los estudiantes deberán demostrar periódicamente que han adquirido los conocimientos considerados esenciales. El artículo 52 establece que esto se hará a través de exámenes estandarizados, diseñados por el Ministerio de Educación en acuerdo con las provincias.

Estas evaluaciones no medirán el método utilizado por la familia ni los contenidos adicionales que hayan decidido enseñar, sino únicamente los contenidos mínimos comunes que el Estado define para todos los alumnos del país. Los exámenes podrán rendirse en escuelas públicas o privadas, o en centros especialmente habilitados, con una frecuencia que cada provincia determinará.

Antecedentes y contexto en Argentina

Hasta la fecha, la educación en el hogar ha operado en un vacío o ambigüedad legal. La Ley de Educación Nacional vigente (26.206) establece la obligatoriedad de la escolarización, pero no prevé una alternativa fuera de las instituciones educativas reconocidas. Esto ha generado situaciones de incertidumbre para miles de familias que, por diversas razones, han elegido este camino.

Se estima, aunque sin cifras oficiales, que son varios miles los niños y adolescentes educados en casa en Argentina. Estas familias suelen organizarse en redes para compartir recursos, experiencias y apoyo. En los últimos años, algunos fallos judiciales, como el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso “F.A.L.” de 2019, han reconocido el derecho de los padres a educar a sus hijos en el hogar, pero al mismo tiempo han señalado la necesidad de una regulación clara por parte del Estado para proteger el derecho a la educación de los niños.

El objetivo central de la regulación

La incorporación del homeschooling en la ley persigue varios objetivos. En primer lugar, busca regular una realidad existente, sacando a las familias de la informalidad y dándoles certeza jurídica. En segundo lugar, pretende garantizar la libertad educativa, un principio rector del proyecto que consagra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que consideran más adecuada para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones.

Finalmente, y de manera crucial, la propuesta busca establecer un mecanismo de equilibrio. Por un lado, amplía las opciones y la autonomía familiar; por el otro, mantiene un rol de garante del Estado a través de la evaluación de resultados. El sistema no supervisa el proceso educativo en cada hogar, sino que confía en la responsabilidad de las familias y verifica, a través de exámenes objetivos, que se hayan alcanzado los aprendizajes fundamentales.

Los artículos clave que lo regulan

La propuesta de regulación del homeschooling se dispersa en varios artículos del extenso proyecto de ley, que consta de 169 artículos. Los principales son:

• Artículo 49: Define a la “Educación en el hogar” como una forma alternativa de enseñanza.

• Artículo 50: Establece la libertad de organización y métodos para estas formas alternativas.

• Artículo 51: Detalla el procedimiento de inscripción en registros jurisdiccionales.

• Artículo 52: Explica el sistema de evaluación estandarizada para la acreditación de los contenidos mínimos.

• Artículo 53: Establece garantías para que el proceso evaluativo sea razonable y no se convierta en una barrera desproporcionada.

• Artículo 77: Dentro del capítulo de “Educación abierta”, permite que los aprendizajes obtenidos fuera del sistema formal puedan ser acreditados dentro de él.

Un debate con argumentos a favor y en contra

La posibilidad de regular la educación en casa ha reavivido un debate complejo. Quienes la apoyan argumentan que respeta la libertad fundamental de las familias para decidir sobre la educación de sus hijos, permite una enseñanza personalizada que se adapta al ritmo e intereses de cada niño y fomenta un aprendizaje más natural y motivado.

Desde el otro lado, surgen preocupaciones importantes. La principal gira en torno a la socialización: ¿puede el hogar ofrecer las mismas oportunidades que la escuela para desarrollar habilidades sociales, trabajar en equipo y convivir con la diversidad? Otras inquietudes se refieren a la calidad y equidad: ¿están todos los padres capacitados para asumir el rol de educadores? ¿No se profundizarán las desigualdades, ya que esta opción podría ser más viable para familias con mayor nivel educativo y recursos económicos? También existe un debate sobre si un sistema de evaluaciones periódicas es suficiente para garantizar el derecho a una educación integral de todos los niños.

Lo que viene: implementación y desafíos

El proyecto de ley se encuentra ahora en manos del Congreso, donde iniciará su discusión parlamentaria. De ser aprobado, su puesta en práctica presentará desafíos significativos para las provincias, que tendrán que crear los registros, diseñar los sistemas de evaluación y capacitar a su personal. También se deberán generar respuestas a preguntas prácticas sobre el apoyo a las familias, la transición de estos estudiantes a la universidad o al mundo laboral, y los mecanismos para detectar situaciones de riesgo.

La regulación del homeschooling en Argentina marcaría un punto de inflexión, alineando al país con una tendencia internacional de diversificación de las opciones educativas. Su éxito dependerá, en última instancia, de un diseño e implementación que logre el difícil equilibrio entre la libertad de enseñanza, la responsabilidad parental y la garantía efectiva del derecho a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes.