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La Corte de Justicia de San Juan, la más vinculada al poder político local
De los cinco miembros actuales de la Corte de Justicia de San Juan, cuatro fueron exfuncionarios de los gobiernos peronistas de José Luis Gioja y Sergio Uñac.
Por Marcos Ponce
Los cinco ministros que integran la actual Corte de Justicia de San Juan son, a nivel país, los que más vínculos políticos tuvieron antes de ser elegidos magistrados, un dato revelador que sale a la luz en una nota publicada en el Diario La Nación, producto de un exhaustivo informe realizado por las organizaciones Ruido y CONNECTAS. Esta situación, lejos de ser un caso aislado, se inscribe en un patrón nacional que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan los máximos tribunales provinciales, generando interrogantes sobre la independencia de un pilar fundamental de la república.
El informe de Ruido y CONNECTAS, un relevamiento minucioso que abarcó las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, arrojó un resultado impactante: el 64% de los integrantes de las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos de algún tipo con los gobiernos locales –o con sus funcionarios– antes de ser designados en sus cargos. Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local (con cargos ejecutivos o legislativos), tuvieron funciones partidarias, o bien mantuvieron algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política. Un dato adicional y no menor es que 76 de estos supremos –es decir, más de la mitad del total– fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.
San Juan se destaca en este panorama nacional por una particularidad que lo pone en el centro de la escena: es uno de los distritos donde sus cinco jueces (Adriana García Nieto, Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo DeSanctis y Juan José Victoria) de la Corte tienen vínculos previos con el Poder Ejecutivo. Además, la totalidad de ellos fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político bajo el cual trabajaron o con el que tuvieron relación antes de asumir sus bancas. El detalle de sus antecedentes es elocuente:
Estos antecedentes ubican a San Juan en el podio de la tabla de vínculos políticos. Junto con La Rioja y San Luis, la provincia lidera el ranking nacional, siendo las tres jurisdicciones en las que todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían lazos estrechos con el poder antes de ser nombradas. En La Rioja, por ejemplo, los cinco jueces del Tribunal Superior fueron antes funcionarios directos de gobiernos peronistas, e incluso se generó polémica en 2021 cuando el gobernador Ricardo Quintela propuso a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia, quien a los cuatro meses fue elegida presidenta. Su esposo, Ernesto Pérez, también fue funcionario del mismo gobernador.
El estudio pone bajo la lupa la independencia de poderes, un pilar innegociable del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales. Es importante aclarar que, en todos los casos relevados, las designaciones de estos magistrados han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia. Ninguna norma prohíbe o limita explícitamente la existencia de esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces.
Ferreira Rubio enfatiza que "la independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad". Detalla que la confianza en la Justicia en Argentina, según Latinobarómetro, baja al 22%, una cifra inferior al promedio de América Latina (28%), y atribuye parte de esta situación a la politización de la Justicia.
Los métodos y criterios de selección para nombrar a estos jueces también quedan bajo escrutinio. Fernando Gauna Alsina, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, reconoce que, si bien "quizás no sea el escenario ideal", no se puede decir categóricamente que implique un conflicto de intereses. Sin embargo, propone "explorar qué credenciales o competencia jurídicas tienen los jueces para ocupar los máximos tribunales de justicia" y demandar a la política "algún proceso de selección serio que promueva estándares altos para ocupar tales cargos".
En el mapa nacional de vínculos políticos previos, el peronismo es el signo con el que más lazos tuvieron los jueces relevados y, consecuentemente, es también el signo político de las gestiones que más jueces nombraron (87 de los 138 casos en el país).
Los vínculos de la Corte con el poder político
Adriana García Nieto fue asesora letrada de gobierno y subsecretaria general de la gobernación antes de ser nombrada cortista en el 2018.
Daniel Olivares Yapur, nombrado en el 2019, había sido candidato a diputado provincial en la misma lista de Sergio Uñac.
Juan José Victoria, antes de ser designado en el 2019, trabajó para gestiones municipales peronistas.
Guillermo De Sanctis fue diputado y también Fiscal de Estado en la gestión de Gioja y Uñac antes de ser designado cortista en el 2016.
Marcelo Lima ocupó cargos de alta relevancia política como intendente de la Capital y vicegobernador de Gioja y Uñac, antes de convertirse en cortista en el año 2020.