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La defensa de Cristina Kirchner busca que la Corte le quite la tobillera electrónica
La expresidenta pidió a la Corte Suprema que le retiren la tobillera electrónica y le permitan visitas irrestrictas en su arresto domiciliario.
POR REDACCIÓN
Cristina Kirchner solicitó a la Corte Suprema que le retiren la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena mientras cumple arresto domiciliario en su departamento en Constitución.
Además, la defensa pidió flexibilizar el régimen de visitas, que actualmente exige autorización previa para visitas no incluidas en una nómina de familiares y allegados.
El recurso extraordinario fue presentado contra el fallo de la Cámara de Casación que ratificó las medidas restrictivas impuestas por el tribunal oral que la condenó.
El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, también recusó a los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
La Cámara de Casación, el 12 de julio, confirmó el uso de la tobillera y el régimen restrictivo de visitas. El fiscal Mario Villar había pedido modificar el domicilio para cuidar la seguridad de la exmandataria y la tranquilidad de los vecinos.
Por mayoría, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña decidieron mantener las condiciones actuales. Hornos sostuvo que quitar la tobillera y flexibilizar las visitas serían “un atentado contra el sistema democrático” y destacó la gravedad del delito de corrupción.
Barroetaveña consideró que la restricción de visitas es una “mínima precaución” para la seguridad de Cristina y un mecanismo para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena. Añadió que no se ha rechazado ninguna visita hasta ahora, incluso se autorizó la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.
Sobre la tobillera, el juez opinó que es el método más eficaz para controlar la detención domiciliaria, y que su uso no implica una “mortificación o estigmatización”.
En disidencia, el juez Mariano Borinsky votó por revocar la tobillera y eliminar el régimen restrictivo de visitas, aunque aclaró que la jurisdicción para controlar la pena corresponde al juez de ejecución.
La defensa espera ahora el pronunciamiento final de la Corte Suprema sobre esta solicitud.