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Ley de Glaciares: qué establece y qué cambios impulsa el Gobierno
La iniciativa propone redefinir criterios de protección ambiental, el alcance del inventario y el rol de las provincias en la autorización de actividades productivas.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional confirmó que avanzará con una reforma de la Ley de Glaciares y ya remitió el proyecto al Congreso para su tratamiento. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a establecer criterios técnicos más precisos para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y reducir, según el Ejecutivo, la inseguridad jurídica vigente.
Desde el oficialismo señalaron que, a más de 15 años de su sanción, la normativa presenta falencias interpretativas que afectaron inversiones y el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales. En ese marco, indicaron que el objetivo es fijar reglas claras que protejan los glaciares con función hídrica efectiva y fortalezcan los estándares ambientales, sin impedir el desarrollo económico.
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo estable o en movimiento, con o sin agua en su interior. Además, considera ambiente periglacial a las áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico. El artículo 6 de la norma vigente prohíbe actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera, la instalación de industrias y cualquier obra que pueda afectar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua.
Uno de los principales cambios propuestos por el Gobierno apunta justamente a ese artículo. El proyecto mantiene la prohibición de actividades que alteren de manera relevante glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada, pero establece que la determinación de esa afectación quedará sujeta a evaluaciones de impacto ambiental realizadas por las autoridades provinciales, en lugar de una prohibición general.
La reforma también modifica el objetivo central de la ley, al establecer que la protección de los glaciares debe interpretarse de forma compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, reconocido en el artículo 124. De este modo, se refuerza el enfoque federal en la toma de decisiones.
Otro punto clave es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. Según el proyecto, el relevamiento se limitará a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas comprobadas. Además, se incorpora el principio precautorio: todas las geoformas inventariadas estarán protegidas hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumplen esas funciones.
La iniciativa también fortalece el rol de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de los ya inventariados. Asimismo, se establece que todas las actividades proyectadas deberán someterse a evaluaciones de impacto ambiental, con participación ciudadana, y se redefine el esquema de autoridades competentes en cada jurisdicción.
Con estos cambios, el proyecto oficial busca avanzar en una actualización de la Ley de Glaciares que redefina el equilibrio entre preservación ambiental, desarrollo productivo y competencias provinciales, en un debate que comenzará ahora en el Congreso.