Amparo judicial busca suspender cambios en la Ley de Glaciares

Bajo el expediente FBB 5866/2026, un amplio frente de organizaciones ambientales y de derechos humanos, hoy, 5 de mayo de 2026 presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa para solicitar la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de Glaciares aprobadas el pasado 9 de abril. Según el planteo, los cambios introducidos debilitan la protección de reservas estratégicas de agua y vulneran principios ambientales consagrados en la Constitución Nacional.

La acción judicial fue promovida por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, con el respaldo de más de 850 mil adhesiones individuales, lo que la convierte en una de las demandas colectivas más masivas en materia ambiental en la historia del país.

Pedido de suspensión inmediata

El amparo solicita el dictado de una medida cautelar para suspender de inmediato la aplicación de la reforma en todo el territorio nacional. De este modo, los demandantes buscan que continúe vigente la Ley 26.639 hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.

El expediente reúne también a la exdiputada Marta Maffei, autora de la norma original, junto a asambleas socioambientales de distintas provincias y organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales. Estas entidades advierten sobre el impacto institucional de una modificación que consideran funcional a intereses extractivos.

Cuestionamientos al proceso legislativo

Uno de los ejes centrales del planteo apunta a las presuntas irregularidades en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma. Según denuncian las organizaciones, la audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados registró más de 100 mil personas inscriptas, pero menos del 0,2 por ciento pudo exponer oralmente.

A esto se suma, sostienen, el cambio de reglas una vez iniciado el procedimiento y la incorporación de presentaciones escritas y audiovisuales bajo criterios considerados arbitrarios. Para los demandantes, esto convirtió la instancia de participación en una formalidad vaciada de contenido.

En ese sentido, el amparo señala una posible violación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Argentina que obliga a garantizar mecanismos reales, amplios y transparentes de participación ciudadana en asuntos ambientales.

El núcleo del conflicto

Más allá de la discusión procedimental, el conflicto central radica en el contenido de la reforma. Según el escrito judicial, las modificaciones reemplazan criterios científicos unificados por definiciones sujetas a decisiones provinciales, lo que habilitaría interpretaciones discrecionales sobre qué áreas glaciares o periglaciares deben ser protegidas.

Para las organizaciones, esta flexibilización podría abrir la puerta al avance de proyectos mineros sobre zonas sensibles. En consecuencia, la presentación exige la suspensión de cualquier reglamentación, resolución administrativa o autorización vinculada a emprendimientos que se superpongan con glaciares relevados por el Inventario Nacional de Glaciares y por dictámenes técnicos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Antecedentes y dimensión política

La controversia adquiere mayor relevancia al tratarse de una legislación que ya fue respaldada por la Corte Suprema. En 2019, el máximo tribunal ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y estableció que el dominio provincial sobre los recursos naturales no habilita a reducir los estándares mínimos de protección fijados por la Nación.

En este contexto, la reforma reaviva tensiones en torno al modelo económico y ambiental. Para los sectores que impulsan la demanda, no se trata de una actualización técnica, sino de un intento de desmontar controles para facilitar actividades extractivas, incluso a costa de comprometer reservas que abastecen cerca del 40 por ciento de las cuencas hídricas del país.

“Con 850 mil adhesiones, presentamos la demanda colectiva más grande de la historia por el agua”, expresó el abogado ambientalista Enrique Viale en redes sociales.

El bloque actor de la acción incluye, además de las organizaciones impulsoras, a asambleas territoriales como Jáchal No Se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, El Paraná No Se Toca y la Asociación Alihuén, entre otras.

“El amparo quedó caratulado con el nombre de Faustino Esquivel, un agricultor de la Asamblea de Jáchal, una de las más representativas en la lucha por el agua y el territorio”, concluyó Viale.